El lunes 17 de enero de 2011, diferentes sindicatos y asociaciones de empleados del Órgano Judicial dieron inicio a una huelga general que ha sembrado el caos en todo el sistema de justicia. El motivo parece ser muy simple: un aumento de $300.00 para todos los empleados, lo que equivale a un desembolso de $39 millones anuales.
Las raíces de este conflicto se remontan un año atrás, cuando los sindicatos comenzaron con sus peticiones. En diciembre de 2010 alrededor de 200 abogados empleados del Órgano Judicial marcharon hasta las puertas de la CSJ exigiendo ser oídos por la Corte en pleno. Su acción fue menospreciada y ahora el país sufre las consecuencias.
Resulta bastante difícil pronunciarse sobre el fondo de un conflicto que se ha desarrollado al interior del Órgano Judicial y cuyas características no son percibidas con claridad en el exterior. Sin embargo, si podemos opinar sobre las acciones adoptadas por los sindicalistas: las repudiamos. De más está entrar a hacer un recuento de las audiencias suspendidas, de los presuntos criminales liberados y de los cadáveres que hoy colman las morgues de los hospitales públicos. Las estadísticas las encontramos en los periódicos.
Lo cierto es que se ha puesto en peligro a toda la población al privarle de contar con un sistema de justica que juzgue y haga ejecutar lo juzgado, es decir, que cumpla su rol constitucional. De igual forma, nos identificamos con el dolor de las familias de todos aquellos fallecidos cuyos cadáveres continúan siendo victimizados.
Consideramos que el aumento salarial pretendido por los sindicalistas debe ser analizado detenidamente y desde la perspectiva de los meritos personales y no como una imposición de carácter general para todos los empleados del sistema judicial. Es conveniente tener como base de discusión si el aumento salarial pretendido y la modalidad de implementación propuesta, ayuda a promover el desarrollo de capacidades técnicas o de conocimientos judiciales en los empleados del Órgano Judicial que permitan a la Corte Suprema de Justicia cumplir de forma más eficiente con sus funciones. De lo contrario, el aumento salarial únicamente incentivará la mediocridad y negligencia dentro de la administración judicial.
Estamos convencidos que la crisis institucional que atraviesa el Órgano Judicial obedece a una compleja serie de situaciones, dentro de las que se incluye problemas de liderazgo en su dirección, por lo que la adecuada toma de decisiones administrativas y financieras en materia de gestión del recurso humano, puede convertirse en el primer escalón para una reforma integral del sistema judicial salvadoreño.
Es necesario entonces que ambas partes adopten una postura más sincera para dar un paso hacia la búsqueda de una solución consensuada, y cada parte acepte las responsabilidades legales y morales de sus acciones.
A los señores sindicalistas: depongan su huelga y las acciones violentas. El servicio que prestan al país es esencial en la búsqueda del ideal de justicia.
A los señores magistrados: siéntense a negociar. Escuchen a su contraparte y vean en ellos, no a sus enemigos, sino a sus aliados para impartir justicia en este país.
