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miércoles, 8 de junio de 2016

Sobre reciente fallo acerca del hacinamiento en cárceles

"Estado de cosas inconstitucional"

Erika Saldaña, Presidenta de ADESA
En una decisión sin precedentes en nuestro país, la Sala de lo Constitucional declaró en una sentencia de hábeas corpus que las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran los reclusos en las bartolinas de la Policía Nacional Civil y en los demás recintos en los que se advierta dicha problemática (léase, todos los centros de detención y penitenciarios del país) constituyen un estado de cosas inconstitucional; el cumplimiento de penas de detención en esta situación vulnera los derechos a la integridad personal y salud de los recluidos.

El pronunciamiento de estado de cosas inconstitucional es un mecanismo que pretende estructurar una solución integral a una vulneración sistemática de derechos fundamentales de determinados grupos. Este tipo de pronunciamiento tiene su origen y desarrollo en la Corte Constitucional de Colombia con los casos de desplazamiento forzado, la cual ha establecido en su jurisprudencia los factores que deben concurrir para declarar un estado de cosas inconstitucional, entre ellos: la vulneración masiva y generalizada, repetida y constante, de varios derechos constitucionales que afecta a un número significativo de personas; la prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos; la adopción de prácticas inconstitucionales como parte del procedimiento para garantizar el derecho conculcado; la no expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestarias necesarias para evitar la vulneración de los derechos; la existencia de un problema social cuya solución compromete la intervención de varias entidades para atender problemas de orden estructural; si todas las personas afectadas por el mismo problema acudieran a la vía judicial para obtener la protección de sus derechos, se produciría una mayor congestión judicial.

Las sentencias con este efecto tan amplio también tienen su fundamento en la dimensión objetiva de los pronunciamientos de cualquier Sala, Tribunal o Corte Constitucional; la interpretación hecha en una sentencia específica trasciende la simple transgresión de un derecho fundamental acontecida en un caso particular, y permite perfilar la correcta interpretación que las distintas autoridades y funcionarios de otros órganos de Estado deben darle a casos específicos para resolver los supuestos análogos que se les presenten. Uno de los elementos fundamentales de la declaratoria de estado de cosas inconstitucional es que en la sentencia se ordena determinar las medidas que distintas entidades gubernamentales deben asumir para restablecer los derechos constitucionales de los afectados.
Las cárceles de El Salvador cuentan con una población de internos que triplica su capacidad "contra los principios básicos de rehabilitación y deshumaniza, despersonaliza y vulnera los derechos humanos de las personas que resguarda" según estudio de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, y la fundación Heinrich Boll Stiftung (2015) N. del E.

En el caso específico señalado al inicio, la Sala de lo Constitucional ha ordenado diversas acciones a las autoridades competentes e instituciones integrantes del Sector Justicia, entre ellas: deben ordenar la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios o readecúen otros inmuebles estatales con características similares, por ejemplo, instalaciones militares, conservando siempre el modelo penitenciario previsto en la ley; realizar urgentemente una labor de actualización e identificación de aquellos internos que ya no deban continuar detenidos por cumplimiento de la pena o que pueden, conforme a la ley, disponer de beneficios penitenciarios; la Fiscalía debe decretar detenciones administrativas cumpliendo rigurosamente los preceptos legales; la Asamblea Legislativa debe establecer la competencia territorial de cada uno de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria para que ejerzan control y vigilancia en las bartolinas policiales del país; la administración penitenciaria en colaboración con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social deben realizar visitas periódicas médicas en los lugares de reclusión para evaluar o resolver las necesidades sanitarias; entre otras que ordena la sentencia.

Para que el problema de la violencia sea superado, este debe ser tratado de manera integral. No basta con medidas extraordinarias dentro de los centros penitenciarios para tratar de controlar la violencia, sino que la represión del delito debe ser impuesta en las calles donde día a día los ciudadanos sufren diversos ataques. Además de lo anterior, es necesario que se aborden las áreas de prevención del delito y se fortalezcan los programas educativos y la  protección de las escuelas donde asisten niños y jóvenes de zonas vulnerables; también es imperativo que se aborde de manera completa el área de reinserción social, por lo que los centros penitenciarios deben contar con las condiciones para albergar y desarrollar programas orientados a la misma.

Por Erika Saldaña, Presidenta de Asociación Salvadoreña Derecho y Desarrollo (ADESA)

*Este artículo fue publicado originalmente el día 6 de junio del 2016, en el Diario de Hoy, ver acá.


martes, 10 de septiembre de 2013

Ensayo académico: La Ubicación del Código Municipal en el Ordenamiento Jurídico Salvadoreño

Por:  Dr. Ricardo Mena Guerra y Licda. Marta Mena Velásquez
1.     Introducción
El artículo 1 del Código Municipal establece que el objeto de regulación de este cuerpo normativo es desarrollar los principios constitucionales referentes a la organización, funcionamiento y ejercicio de las facultades autónomas de los municipios. Como señala esta disposición, la regulación municipal contenida en este Código deviene directamente de la Carta Magna, lo cual, como veremos, privilegia el estatus jurídico del mismo frente a otros cuerpos normativos con rango de ley.
Para evidenciar lo anterior, primero abordaremos los antecedentes del municipio americano, traído a nuestro continente desde España, así como los antecedentes normativos de las municipalidades salvadoreñas, luego, se desarrollará brevemente la naturaleza institucional del Municipio y su ubicación dentro del aparato estatal. Finalmente, plantearemos la ubicación que en virtud de la Constitución, nos parece, le corresponde al Código Municipal dentro del ordenamiento jurídico salvadoreño y el consecuente respeto que al mismo corresponde en virtud del lugar que la constitución le ha otorgado dentro de las fuentes del derecho salvadoreño.
2.     Breves antecedentes: municipios y autonomía municipal
Tanto en los antecedentes históricos de los municipios, como en la regulación del municipio salvadoreño en las constituciones de nuestro país, es notable la evolución que el mismo ha tenido dentro de la organización administrativa del Estado. Esta evolución le ha valido confrontaciones con el poder central que han culminado con el reconocimiento pleno de su autonomía, recogido en nuestra constitución actual.


sábado, 10 de agosto de 2013

Sobre los acontecimientos ocurridos en las últimas semanas que tienen por objetivo afectar a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por parte de grupos de presión y otros órganos estatales, la Asociación Salvadoreña Derecho y Desarrollo (ADESA), al gremio de abogados y al país en general, EXPRESA:

1. Que intimidaciones de separar del cargo a magistrados de la Sala de lo Constitucional por parte de algunos diputados de la Asamblea Legislativa, manifestaciones con amenazas por sindicalistas del Órgano Judicial y los procesos llevados en la Sala de lo Contencioso Administrativo que buscan anular las elecciones de dichos magistrados constitucionalmente elegidos, constituyen por sí mismas un grave retroceso en el proceso de democratización y Estado de Derecho que nuestro país inició con gran y noble esfuerzo a partir de la firma de los Acuerdos de Paz en el año 1992;

2. Que como ha sido siempre nuestra posición oficial, no existe sustento jurídico ni ético alguno que ampare el intento de controlar a un Órgano fundamental del Estado, sobre todo cuando esto implica la pérdida de independencia que define al Órgano Judicial;

3. Que la Sala de lo Constitucional es el máximo intérprete de la Norma fundamental, siendo esta su característica definitoria, por lo que sus sentencias deben ser necesariamente acatadas sea cual fuere su decisión; y

4. Que los actuales acontecimientos ponen en riesgo el Estado de Derecho, siendo imperante que todo órgano estatal, grupos sindicales y grupos de la sociedad civil desistan de continuar con acciones y omisiones que no contribuyen a la labor constitucionalmente reconocida a la Sala de lo Constitucional.


San Salvador, 8 de agosto de 2013




lunes, 15 de octubre de 2012

RÉGIMEN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL SALVADOR

El régimen de los servidores públicos es un aspecto al cual nuestra Constitución le otorga una enorme importancia, pues su finalidad es la correcta y eficaz labor estatal. Sin embargo, el desarrollo legislativo del mismo es asistemático, provocando en muchas ocasiones inestabilidad para los integrantes del Servicio y sus usuarios. El presente trabajo nos ofrece una perspectiva general del estado actual del referido régimen, lo cual es coyunturalmente significativo en momentos en que se discute un posible anteproyecto de "LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA" que procure remediar los defectos actuales.

Si desea descargar este documento, haga click AQUÍ y luego en la opción "DESCARGAR" o "DOWNLOAD".

Ponemos también a su disposición el borrador de Anteproyecto de Ley de la Función Pública. Para descargarlo, haga click AQUÍ y luego en la opción "DESCARGAR" o "DOWNLOAD".





martes, 2 de octubre de 2012

INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN EL SALVADOR, ¿UNA NUEVA OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS EN EL SALVADOR?

En el marco del Acuerdo de Asociación suscrito entre los países centroamericanos y la Unión Europea, compartimos el siguiente artículo académico denominado "Indicaciones Geográficas ¿Una nueva oportunidad de negocios para El Salvador"

Si desea descargar este documento, haga click AQUÍ y luego directamente en la opción "DESCARGAR" o "DOWNLOAD".

Ponemos también a su disposición el Acuerdo de Asociación, el cual podrá revisar en la siguiente dirección del Ministerio de Economía:

http://www.minec.gob.sv/cajadeherramientasue/index.php?option=com_content&view=article&id=129&Itemid=122


miércoles, 26 de septiembre de 2012

Comunicado sobre el proceso de elección del Fiscal General de la República

 

En relación con el proceso de elección del Fiscal General de la República que actualmente se encuentra como tema de discusión en la Asamblea Legislativa, la Asociación Salvadoreña Derecho y Desarrollo (ADESA) EXPRESA:


I. Que tal como hemos sostenido en anteriores ocasiones, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en los Artículos 174, 183 y 247 de la Constitución de la República, es el único y máximo tribunal de justicia facultado para la interpretación última de nuestra Norma Fundamental y dicha potestad  de ninguna manera puede verse transgredida por ningún otro Órgano del Estado ni tampoco por las personas que integran dichos Órganos;

II. Que dicha Sala, el día 9 de julio de 2012, mediante la sentencia con número de referencia 29-2012, declaró inconstitucional la elección del Fiscal General de la República realizada por segunda ocasión por la legislatura 2009-2012, razón por la cual es a la actual Asamblea Legislativa en ejercicio para el periodo 2012-2015 a la que le corresponde y quien se encuentra obligada a ejercer su facultad constitucional establecida en el Artículo 131 ordinal 19º de proceder a elegir a dicho Funcionario, tomando en consideración que para dicha elección deben observarse requisitos de moralidad y competencia notorias exigidos por la Constitución en sus Artículos 192 y 177;

III. Que en relación con la mesa de diálogo instalada por la Asamblea Legislativa para alcanzar un acuerdo previo a la elección formal del Fiscal General de la República, este Órgano del Estado tiene la obligación de elegir al candidato más idóneo obedeciendo a criterios técnicos y objetivos, entre los que se encuentran sus méritos académicos y profesionales que le permitan ejercer dicho cargo con apego a la Constitución de la República y libre de injerencias mezquinas, dejando de lado cualquier tipo de interés de índole partidaria o personal; y

IV. Que el cargo de Fiscal General de la República es una pieza fundamental para la consolidación del Estado de Derecho y, por ende, es un elemento clave para el desarrollo económico y social de El Salvador, pues siendo el responsable de defender los intereses del Estado y de la sociedad, entre otras funciones de alta importancia establecidas en el Artículo 193 de la Constitución, de su correcto desempeño depende mucho la consecución de la seguridad jurídica, la cual no se potencia a través de Decretos sino alentando el correcto funcionamiento de las Instituciones que integran el Estado.

POR TANTO:

EXHORTAMOS a la Asamblea Legislativa para que en el ejercicio de sus facultades Constitucionales anteponga el interés general de la patria frente a cualquier otro y proceda a elegir prontamente al nuevo Fiscal General de la República para el periodo 2012-2015; y

EXIGIMOS que el abogado que sea electo como Fiscal General de la República detente los méritos académicos y profesionales que garanticen el buen desempeño de sus funciones, pero sobre todo, que dicho funcionario responda a su conciencia, buena fe y leal saber entender y no a exigencias provenientes de negociaciones oscuras o clientelismo político.

San Salvador, 26 de Septiembre de 2012