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miércoles, 26 de septiembre de 2012

Comunicado sobre el proceso de elección del Fiscal General de la República

 

En relación con el proceso de elección del Fiscal General de la República que actualmente se encuentra como tema de discusión en la Asamblea Legislativa, la Asociación Salvadoreña Derecho y Desarrollo (ADESA) EXPRESA:


I. Que tal como hemos sostenido en anteriores ocasiones, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en los Artículos 174, 183 y 247 de la Constitución de la República, es el único y máximo tribunal de justicia facultado para la interpretación última de nuestra Norma Fundamental y dicha potestad  de ninguna manera puede verse transgredida por ningún otro Órgano del Estado ni tampoco por las personas que integran dichos Órganos;

II. Que dicha Sala, el día 9 de julio de 2012, mediante la sentencia con número de referencia 29-2012, declaró inconstitucional la elección del Fiscal General de la República realizada por segunda ocasión por la legislatura 2009-2012, razón por la cual es a la actual Asamblea Legislativa en ejercicio para el periodo 2012-2015 a la que le corresponde y quien se encuentra obligada a ejercer su facultad constitucional establecida en el Artículo 131 ordinal 19º de proceder a elegir a dicho Funcionario, tomando en consideración que para dicha elección deben observarse requisitos de moralidad y competencia notorias exigidos por la Constitución en sus Artículos 192 y 177;

III. Que en relación con la mesa de diálogo instalada por la Asamblea Legislativa para alcanzar un acuerdo previo a la elección formal del Fiscal General de la República, este Órgano del Estado tiene la obligación de elegir al candidato más idóneo obedeciendo a criterios técnicos y objetivos, entre los que se encuentran sus méritos académicos y profesionales que le permitan ejercer dicho cargo con apego a la Constitución de la República y libre de injerencias mezquinas, dejando de lado cualquier tipo de interés de índole partidaria o personal; y

IV. Que el cargo de Fiscal General de la República es una pieza fundamental para la consolidación del Estado de Derecho y, por ende, es un elemento clave para el desarrollo económico y social de El Salvador, pues siendo el responsable de defender los intereses del Estado y de la sociedad, entre otras funciones de alta importancia establecidas en el Artículo 193 de la Constitución, de su correcto desempeño depende mucho la consecución de la seguridad jurídica, la cual no se potencia a través de Decretos sino alentando el correcto funcionamiento de las Instituciones que integran el Estado.

POR TANTO:

EXHORTAMOS a la Asamblea Legislativa para que en el ejercicio de sus facultades Constitucionales anteponga el interés general de la patria frente a cualquier otro y proceda a elegir prontamente al nuevo Fiscal General de la República para el periodo 2012-2015; y

EXIGIMOS que el abogado que sea electo como Fiscal General de la República detente los méritos académicos y profesionales que garanticen el buen desempeño de sus funciones, pero sobre todo, que dicho funcionario responda a su conciencia, buena fe y leal saber entender y no a exigencias provenientes de negociaciones oscuras o clientelismo político.

San Salvador, 26 de Septiembre de 2012
 



lunes, 23 de julio de 2012

ILEGÍTIMA TOMA DE POSESIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



Sobre los lamentables acontecimientos ocurridos el lunes 16 de julio del corriente año en la ilegítima toma de posesión de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia por parte del abogado Ovidio Bonilla Flores, la Asociación Salvadoreña Derecho y Desarrollo, ADESA, al gremio de abogados y al país en general, EXPRESA:

11. Que las acciones perpetradas por algunos diputados de la Asamblea Legislativa y sindicalistas del Órgano Judicial orientadas a afianzar dicha toma de posesión carente de toda legitimidad constituyen por sí mismas un grave retroceso en el proceso de democratización que nuestro país inició con gran y noble esfuerzo a partir de la firma de los Acuerdos de Paz en el año 1992;

22. Que no existe sustento jurídico ni ético alguno que ampare el intento de controlar a un Órgano fundamental del Estado, sobre todo cuando esto implica la pérdida de independencia que por antonomasia define al Órgano Judicial;

33. Que bajo ninguna circunstancia puede considerarse legítima la pretendida toma de posesión, la cual ocurrió bajo el auspicio de la fuerza e invocando equivocadamente la defensa del pueblo y la democracia;

44. Que la Sala de lo Constitucional es el máximo intérprete de la Norma fundamental, siendo esta su característica definitoria, y por tanto se constituye primordialmente como un Tribunal judicial cuyas decisiones no pueden ser enjuiciadas por ningún otro, sea este nacional o internacional, por lo que sus sentencias deben ser necesariamente acatadas;

55. Que los actuales acontecimientos ponen en riesgo el Estado de Derecho, siendo imperante que la Asamblea Legislativa desista de continuar con acciones y omisiones que no contribuyen al proceso y que proceda a elegir a los Magistrados que ordenan las sentencias de la Sala de lo Constitucional; y

66. Que esta situación, surgida entre salvadoreños, debe ser resuelta por los salvadoreños, sin que medie de forma alguna la injerencia de autoridades de otros países u organismos internacionales, para no poner en peligro nuestra soberanía nacional.

San Salvador, 23 de julio de 2012

jueves, 12 de julio de 2012

CONVERSATORIO SOBRE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

¿Conoce los derechos que le otorga la Ley de Acceso a la Información? ¿Tiene idea del impacto económico de la institucionalidad? ¿Está consciente de sus deberes ciudadanos?

La Asociación Salvadoreña Derecho y Desarrollo (ADESA) FUNDACIÓN DEMOCRACIA, TRANSPARENCIA Y JUSTICIA (DTJ) y CLUB DE ANÁLISIS ECONÓMICO (CAE) le invitan a un Conversatorio sobre la Ley de Acceso a la Información: