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martes, 8 de mayo de 2012

Correr para soñar

Por Lic. Carlos A. Guzmán* 


La ausencia de espacios públicos es un déficit en El Salvador que pasa inadvertido en la agenda pública, a pesar de la importancia de estos lugares (físicos o mentales) como escenarios ideales para la construcción de lo “salvadoreño”, el espacio para compartir los sueños y el punto de convivencia de los ciudadanos. Por tanto, es urgente la generación de nuevos espacios públicos.

Según Aristóteles, dado que los hombres son animales políticos, por cuanto no son ni dioses ni bestias, y poseen la capacidad para pensar y expresar sus pensamientos por medio de palabras, solo pueden alcanzar la mejor decisión a través de la discusión racional en el espacio común de la ciudad. Además, Thomas Hobbes decía que este espacio es la condición no solo para la existencia de una vida superior y civilizada, sino también para la existencia de la vida humana en sí.

Es así que estos espacios es donde se buscan los dos principales intereses de toda sociedad: a) la supervivencia de la propia comunidad, y b) la promoción de virtudes para vivir mejor (respecto, armonía, etcétera).

Además, estos lugares dan a los habitantes una experiencia más acogedora y democrática que los vincula a su comunidad, es decir, pasan de ser meros paseantes por el mundo a ciudadanos comprometidos.

En la actualidad, el espacio público tiene un carácter polifacético que incluye desde aceras y pasajes, donde la interacción es aparentemente simple, hasta los lugares de identidad, de relación o de historia, que no se limitan a espacios físicos –la Catedral de San Salvador (y su fachada)– sino que abarca los escenarios virtuales y mentales, por ejemplo, manifestarse en redes sociales o cantar el himno nacional como símbolo de identidad.

Al reflexionar sobre nuestras ciudades, nos damos cuenta de que suelen ser un conjunto de murallas fortificadas, plazas y parques abandonados, mercados descuidados, y calles cercadas con plumas y portones (por cierto, de cuestionada constitucionalidad al vulnerar la libre circulación). Esta misma condición geográfica afecta la construcción de ciudadanía en nuestras comunidades y nos muestra un serio obstáculo en satisfacer los intereses antes mencionados. Este deterioro afecta la calidad de nuestra democracia, disminuye el capital social y trastorna la cultura política.

En ese sentido, es indispensable que existan planes de rescate y sostenimiento de estos lugares (físicos y mentales) e integren a los habitantes como parte esencial de este. Para ello se puede analizar las normas relativas a la materia, exigir reformas o nuevas leyes. También se debe felicitar y apoyar a los funcionarios públicos que promueven estos espacios públicos, tales como el concejo municipal de San Salvador con el Parque del Bicentenario, Santa Tecla con el Paseo El Carmen, y otros.

Sin embargo, una cuestión indispensable es que todos los ciudadanos aportemos a la solución mediante la organización comunitaria que permita aprovechar estos nuevos espacios.

Algunos ejemplos son: “Domingueando”, que promueve la interacción y el sano esparcimiento entre los residentes y las empresas locales; unos amigos han organizado un grupo llamado “AntiguoRunners” y salen a correr a través de la ciudad todos los jueves; otros jóvenes aprovechan las plazas para protestar contra los #DiputadosCorruptos.

La utilización de estos espacios, y su continua demanda, es lo que nos permitirá reconocernos como ciudadanos de una misma comunidad, y, si te gusta el deporte, podríamos correr por un mismo sueño: un mejor lugar para vivir.


* Presidente de ADESA 2011-2012. Publicado en La Prensa Gráfica, edición 6 de mayo de 2012.

lunes, 13 de junio de 2011

Valor público, apoyo político y crisis institucional

Por: Carlos Roberto Sánchez[1]

Las entidades estatales de cualquier tipo, a diferencia de los entes privados, para cumplir a cabalidad su fin deben obtener apoyo político y crear valor público. El apoyo político se define como el balance favorable entre apoyo y oposición a la entidad por parte de los actores que hacen parte de su ambiente autorizante, es decir, por aquellos con capacidad de acción sobre la institución y por parte de quienes tienen influencia sobre esos actores (J. S. Ramírez, 2009); el valor público es la justificación de su existencia, el bienestar que causa dicha institución a la sociedad en general, a diferencia del valor privado que deben generar las instituciones de carácter privado, que busca la satisfacción de intereses particulares. Desde esta perspectiva, cualquier institución pública que desee tener éxito en un período dado debe crear valor público, pues es la justificación de su existencia, y generar apoyo político dentro de su ambiente autorizante, que es lo que garantiza su viabilidad en el tiempo.

Desde un análisis eminentemente político y tomando como base teórica los elementos expuestos anteriormente, podemos entender lo que ha ocurrido en la interacción conflictiva entre la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa, como entidad básica del ambiente autorizante de prácticamente todos las instituciones estatales. Sin entrar a juicios valorativos, se puede afirmar que las resoluciones de la Sala han socavado muy profundamente ese balance apoyo oposición, habiendo impactado fuertemente al sistema electoral y de partidos, los cuales son factores que afectan de manera inmediata a los actores dentro de Órgano Legislativo. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente del valor público que pueda generarse en las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, el apoyo político de su ambiente autorizante se ha visto afectado y podría limitar su efectividad en cualquier momento.

Al momento de escribir este artículo, existen posiciones dentro de la Asamblea Legislativa que promueven regresar a su estado original al artículo 14 de la Ley Orgánica Judicial, reformado por el Decreto Legislativo 743. Dicha iniciativa, de materializarse dentro de la Asamblea Legislativa, no cabe duda que solventaría la actual controversia relacionada con la emisión de dicho decreto y con la misma inaplicabilidad resuelta por la Sala de lo Constitucional.

No obstante lo antes apuntado, considero que el problema institucional al que nos enfrentamos rebasa el tema jurídico y no se solventa de fondo solamente con la modificación del decreto. Lo que existe aquí es solo el síntoma de un problema de índole político, aunque con un extenso componente jurídico, entre un ente público y un importante sector de su ambiente autorizante; por lo que es tan necesario como urgente un diálogo abierto y franco entre los actores públicos involucrados, pues de lo contrario, aun cuando se reforme el artículo en cuestión, los conflictos volverán a surgir, tarde o temprano, lesionando más la institucionalidad y gobernabilidad que, aunque incipientes, tan difíciles han sido de construir en nuestro país.

Desde esta perspectiva, independientemente de los resultados respecto al Decreto 743, el capítulo no debe darse por cerrado con una solución simplemente jurídica, pues a la base existe toda una serie de implicaciones, que de no solventarse, volverán a someter a la sociedad salvadoreña a una crisis de instituciones indeseable desde todo punto de vista. Aún hay tiempo.


[1] Colaboración para la Prensa Gráfica, edición de 12 de junio de 2011. El autor es Abogado graduado de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN) y Master in Business Administration del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE). Comentarios: croberto.sanchez@hotmail.com