Correr para soñar

Por Lic. Carlos A. Guzmán* 

La ausencia de espacios públicos es un déficit en El Salvador que pasa inadvertido en la agenda pública, a pesar de la importancia de estos lugares (físicos o mentales) como escenarios ideales para la construcción de lo “salvadoreño”, el espacio para compartir los sueños y el punto de convivencia de los ciudadanos. Por tanto, es urgente la generación de nuevos espacios públicos.

Según Aristóteles, dado que los hombres son animales políticos, por cuanto no son ni dioses ni bestias, y poseen la capacidad para pensar y expresar sus pensamientos por medio de palabras, solo pueden alcanzar la mejor decisión a través de la discusión racional en el espacio común de la ciudad. Además, Thomas Hobbes decía que este espacio es la condición no solo para la existencia de una vida superior y civilizada, sino también para la existencia de la vida humana en sí.

Es así que estos espacios es donde se buscan los dos principales intereses de toda sociedad: a) la supervivencia de la propia comunidad, y b) la promoción de virtudes para vivir mejor (respecto, armonía, etcétera).

Además, estos lugares dan a los habitantes una experiencia más acogedora y democrática que los vincula a su comunidad, es decir, pasan de ser meros paseantes por el mundo a ciudadanos comprometidos.

En la actualidad, el espacio público tiene un carácter polifacético que incluye desde aceras y pasajes, donde la interacción es aparentemente simple, hasta los lugares de identidad, de relación o de historia, que no se limitan a espacios físicos –la Catedral de San Salvador (y su fachada)– sino que abarca los escenarios virtuales y mentales, por ejemplo, manifestarse en redes sociales o cantar el himno nacional como símbolo de identidad.

Al reflexionar sobre nuestras ciudades, nos damos cuenta de que suelen ser un conjunto de murallas fortificadas, plazas y parques abandonados, mercados descuidados, y calles cercadas con plumas y portones (por cierto, de cuestionada constitucionalidad al vulnerar la libre circulación). Esta misma condición geográfica afecta la construcción de ciudadanía en nuestras comunidades y nos muestra un serio obstáculo en satisfacer los intereses antes mencionados. Este deterioro afecta la calidad de nuestra democracia, disminuye el capital social y trastorna la cultura política.

En ese sentido, es indispensable que existan planes de rescate y sostenimiento de estos lugares (físicos y mentales) e integren a los habitantes como parte esencial de este. Para ello se puede analizar las normas relativas a la materia, exigir reformas o nuevas leyes. También se debe felicitar y apoyar a los funcionarios públicos que promueven estos espacios públicos, tales como el concejo municipal de San Salvador con el Parque del Bicentenario, Santa Tecla con el Paseo El Carmen, y otros.

Sin embargo, una cuestión indispensable es que todos los ciudadanos aportemos a la solución mediante la organización comunitaria que permita aprovechar estos nuevos espacios.

Algunos ejemplos son: “Domingueando”, que promueve la interacción y el sano esparcimiento entre los residentes y las empresas locales; unos amigos han organizado un grupo llamado “AntiguoRunners” y salen a correr a través de la ciudad todos los jueves; otros jóvenes aprovechan las plazas para protestar contra los #DiputadosCorruptos.

La utilización de estos espacios, y su continua demanda, es lo que nos permitirá reconocernos como ciudadanos de una misma comunidad, y, si te gusta el deporte, podríamos correr por un mismo sueño: un mejor lugar para vivir.

* Presidente de ADESA 2011-2012. Publicado en La Prensa Gráfica, edición 6 de mayo de 2012.

El inexistente debate sobre educación

Por Lic. Cristina López*

Esta semana, un portavoz de el sindicato de trabajadores de la educación, Bases Magisteriales, anunciaba el cierre de escuelas que llevarán a cabo para realizar una protesta “a favor de sus derechos laborales”. Por muchos años, el ministerio de educación se ha visto en la obligación de discutir constantemente con los sindicatos de maestros que exigen mejores condiciones laborales, haciendo difícil la labor para la cual, en teoría, trabaja.

Y a pesar del sin-fin de marchas, protestas y cierres de calles llevados a cabo por los sindicatos, muy poco se ha hablado a favor de las verdaderas víctimas en el tema educativo: los millones de salvadoreños que por no tener acceso a una educación de calidad, no lograrán emplearse en el futuro para salir adelante y ofrecerles bienestar a sus familias.

La discusión de la mejora de calidad en la educación se ha limitado tristemente a un tema de presupuesto: tapando el sol con un dedo, el gobierno hace alarde de los millones invertidos en educación, ignorando el hecho de que en nada mejora la calidad educativa el despilfarro populista de recursos para repartir zapatos y uniformes. Aunque se trabajó mucho en pasados gobiernos por expandir la cobertura educativa, se ha avanzado muy poco en la búsqueda de una mejor calidad, o en la implementación de mecanismos alternativos a la educación administrada por el Estado.

En muchos países ha resultado exitosa la focalización de los recursos destinados a la educación convirtiendo los subsidios que se destinan a dicha cartera en “vouchers”, (o subsidios a la demanda) a través de los cuales cada alumno cuenta con un mínimo de recursos que puede destinar al pago de su colegiatura en la escuela (pública o privada) que los padres de familia consideren mejor, pagando la diferencia de precios, si existiere. Tampoco se ha discutido jamás la concesión de escuelas al sector privado, modelo que en ciertas zonas de USA ha brindado oportunidades de una educación de calidad, a alumnos en condiciones de pobreza. Esto posibilita la competencia entre centros educativos, incentivando a la mejora de calidad y a la contratación de mejores maestros. Además incentiva la inversión privada para la fundación de escuelas administradas por el sector privado en zonas en las que hasta ahora, la única opción es la educación pública.  Al darle más opciones a los padres de familia y hacer retroceder la intervención Estatal en la educación, se cumple con el doble propósito de mejorar la calidad y re-enfocar las labores del Estado a su rol primario: la garantía de la vida, libertad y propiedad privada de las personas.

En su libro “Basta de historias”, Andrés Oppenheimer presenta diferentes escenarios sobre el estado de la educación en diferentes países de Latino América, haciendo una comparación con países desarrollados para concluir que lo que separa en gran medida la brecha entre el desarrollo y la pobreza de un país, es la calidad educativa. Y sin embargo, en nuestro país, las marchas y protestas relacionadas con el tema educativo, se limitan a discutir aumentos de salarios y a la negociación de prebendas entre el gobierno y los sindicatos de maestros, demostrando muy poca preocupación por los niños, las verdaderas víctimas de la falta de discusión de alternativas.

Nota: Independientemente de la postura que se tenga sobre la participación del Estado en la educación (personalmente considero que la administración del Estado no ha contribuído en el caso salvadoreño a una mejora de calidad educativa), en otros países de América, la sociedad civil ha tomado un rol importantísimo en el debate sobre la educación: trabajando como maestros para ofrecer mejor calidad en el sistema público, proponiendo soluciones y empujando políticas públicas que garantizan la mejora en calidad para futuras generaciones. Ejemplos de lo anterior son: EnseñaPerú (aliados de la organización estadounidense TeachforAmerica) y Educación2020, de Chile.

* Miembro de ADESA. Publicado en El Diario de Hoy, edición 6 de mayo de 2012.

Redefiniendo la vergüenza

Por Lic. Herman Duarte*

Existen funcionarios de primer o segundo grado según la injerencia del pueblo en su elección para su cargo.

Los diputados, presidente, y concejos municipales son de primer grado, porque se han celebrado elecciones precisamente para ello. El Órgano Legislativo tiene entre sus funciones elegir funcionarios (art. 131, n.º 19 Cn). Al ser los diputados los “representantes del pueblo entero” (art. 125 Cn.), los funcionarios que estos elijan se entenderá que son de segundo grado, porque han sido elegidos de forma indirecta por el pueblo. La misma lógica aplica para los presidentes de autónomas que se eligen desde el Ejecutivo.

La Constitución establece de forma armoniosa que las elecciones (art. 124, 186, 192, 196 Cn.) tanto de diputados, como funcionarios de segundo grado, se lleven a cabo cada tres años. La finalidad de ello es la obtención de un criterio actualizado de los Representantes del Pueblo Entero (a excepción de TSE, que se da cada 5). Es decir, cada tres años que se celebren elecciones por las cuales se va a elegir una nueva Asamblea Legislativa, deberá haber elecciones de funcionarios de segundo grado. En términos aún más simples: una Asamblea, una elección de funcionarios de segundo grado.

Retomando palabras de algunos míticos (y no necesariamente por heroicos) personajes de la plenaria del 24 de abril, estoy de acuerdo en que no se trata de poner en tela de juicio la trayectoria, el perfil, y, en definitiva, la carrera lograda por los ahora electos funcionarios. Incluso, es muy probable, que algunos de ellos fueran elegidos por la siguiente Asamblea.

Lo que se está cuestionando, señalando, y, sobre todo, reprochando es esa ansiedad, ese excesivo derroche de poder, esa necesidad de tomar decisiones, ese síntoma de grandeza que deja a un lado la opinión de las mayorías, y hacen que la saliente Asamblea tome decisiones que no le corresponden. No está de más decir que 26 diputados que votaron no estarán en la composición del siguiente pleno.

¿Qué es de esperarse ahora? Más columnas como estas, más pronunciamientos de un sinfín de instituciones, reclamos de organismos internacionales, posibles cortes presupuestarios para la República de parte de fondos extranjeros, desmejoramiento de la imagen internacional del país, y la agravación de la crisis institucional entre los órganos fundamentales. La crisis, con su epicentro en el Órgano Judicial, puede tener varios matices: pasando desde la reacción de los tres magistrados de la SC, la posición del magistrado Jaime, el inminente proceso de inconstitucionalidad contra los decretos (y todas las complicaciones inherentes a este), y las posibles batallas de poder con la entrada de nuevas caras.

Una primera aproximación para solucionar este tipo de problemas está en prohibir con una reforma constitucional que se puedan tomar decisiones trascendentales en el periodo de transición que existe entre la celebración de elecciones y la toma de posesión de la nueva Asamblea. Una segunda solución estará en la creación de un nuevo sistema de elección para estos funcionarios. Sin embargo, esas soluciones serán inasequibles mientras la voluntad política no ceda, ante el verdadero clamor de las masas. En este contexto, es que no se puede negar que el problema real radica en la desfachatez, el descaro y el cinismo de ciertos diputados. En ese afán de querer justificar lo injustificable, de fomentar lo infomentable, y legalizar lo ilegalizable. 

* Directivo de ADESA 2011-2012. Publicado en La Prensa Gráfica, edición 29 de abril de 2012. Correo electrónico: herman.duarte@gmail.com / www.hermandi.com 

Asuntos destacables sobre el tema del pacto entre pandillas

Por Lic. Oscar A. Pineda*

En los últimos días, el tema más importante de la coyuntura nacional ha sido un posible pacto entre las dos pandillas de El Salvador para un cese de la violencia letal entre sus miembros.

Aunque la existencia del pacto se evidencia poco a poco más claro, las versiones sobre lo que lo han motivado son diversas; en concreto solo se tiene que algunos líderes de pandillas han sido trasladados del penal de seguridad de Zacatecoluca a otros centros penitenciarios, y que los homicidios se han reducido en los últimos días. En esta opinión no pretendo dilucidar la causalidad del pacto, pero quiero destacar algunos aspectos que considero importantes en este tema.

En primer lugar, que las autoridades de seguridad tienen un margen de actuación en la forma de abordar los problemas de inseguridad, pero que cualquiera que sea, debe estar inexcusablemente, dentro del marco legal establecido, aun cuando actuar al margen de la ley pudiera tener resultados positivos. Esto significa que una negociación con pandillas a cambio de beneficios económicos implicaría una extralimitación de facultades de las autoridades y sería pernicioso para la posición del Estado frente al crimen. El Gobierno ha desmentido una negociación de este tipo, y por el bien del Estado de Derecho, es deseable que no exista nunca.

En lo relativo al traslado de líderes de pandillas del penal de seguridad de Zacatecoluca a otros centros penitenciarios, a pesar de que la forma repentina y masiva en que se hizo generó suspicacias, no existe en ello, en principio, una ilegalidad, puesto que el cumplimiento de la pena en centros de seguridad es una medida excepcional (art. 103 Ley Penitenciaria y 196 Reglamento General de la Ley Penitenciaria). La decisión de ubicar a los reclusos en un centro penitenciario u otro depende de una propuesta del equipo criminológico del centro penitenciario y de una decisión que sobre ello debe tomar el Consejo Criminológico Regional (art. 145 y 75 de la Ley Penitenciaria). De este modo, si el papel de estas dos instancias ha sido conforme a ley, y las decisiones fueron debidamente fundamentadas, no hay irregularidades jurídicas.

En cuanto a la organización y el funcionamiento de las pandillas, se puede inferir que no se trata de estructuras dispersas e indisciplinadas, sino que existe un orden efectivo, liderazgos y un código de disciplina bien definido. Arroja también una luz, sobre cuánto de la violencia en el país está relacionado con el pleito entre pandillas. Esto es evidencia importante que permitiría tomar decisiones sobre cómo abordar el problema, tanto para combatir los delitos provenientes de las pandillas como para la creación de planes de prevención y reinserción.

Finalmente, tener en cuenta que un pacto entre las pandillas, mediado por la Iglesia, es una idea esperanzadora. Sin llegar a ser ingenuo y creer que eso será una solución a nuestros problemas sociales y de delincuencia, que no solo versan sobre pandillas, y teniendo en consideración que como cualquier pacto puede romperse por muchas razones, espero que sea uno de los factores que ayude a aliviar la situación de violencia en el país. Prefiero creer en algo que resignarme a este empacho de sangre.

* Miembro de ADESA. Publicado en La Prensa Gráfica, edición 26 de marzo de 2012. Correo electrónico: oscar.pinedarivas@hotmail.com

La inseguridad: un problema de TODOS

Por Lic. Carlos A. Guzmán*

El divorcio de la sociedad civil y el sector político se volvió evidente en los niveles de abstencionismo registrados en las elecciones del 12 de marzo, ya que el 50% de los ciudadanos aptos para ejercer el voto decidió no hacerlo. Esta situación denota una clase política distanciada de la población, en parte debido a las promesas incumplidas y a la falta de creatividad para solucionar los problemas que aquejan a la ciudadanía.

Para nadie es un secreto que la inseguridad ciudadana es el principal problema de la sociedad, esto aparece reflejado en cualquier encuesta de opinión, estudio o indicador internacional de El Salvador. Ante esto, las propuestas legislativas 2012-2015 de los principales partidos políticos incluían: “leyes para prohibir la portación de armas de fuego en manos de civiles”, “política de Estado con entes públicos despolitizados”, entre otras. Sin embargo, existe el riesgo que la atención gubernamental se limite a solventar eventos aislados o a realizar acciones de publicidad.

¿Aún recuerda que el 20 de junio de 2010 fueron incendiados muchos pasajeros de un microbús? o ¿recuerda el 11 de marzo de 2010, cuando el joven Carlos Francisco Garay falleció a manos de otro joven, y que casualmente fue fotografiado? Y así se podrían relatar cada una de las extorsiones que padecen muchos ciudadanos o los 10 homicidios diarios que entristecen el corazón del pueblo salvadoreño. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones y dedicadas actuaciones de algunos funcionarios públicos, el presupuesto de seguridad es la misma cantidad que se dedica a los subsidios (mal focalizados), persiste la falta de voluntad de algunos políticos, la escasa coordinación de las instituciones públicas al combatir el delito, las interpretaciones jurídicas incongruentes y más.

Este país donde tenemos nuestros hogares queridos, fértiles campiñas y ríos majestuosos, es el mismo que posee una “epidemia de homicidios” desde hace más de una década, al presentar una tasa de más de 40 homicidios por cada 100,000 habitantes durante la última década, y alcanzado el punto máximo durante 2009. En esta tierra donde ondulan doradas espigas y chisporrotean los yunques, muchos hogares viven día a día un luto permanente y permanentemente temerosos del mañana.

No podemos dejar este problema en manos del Gobierno porque tiene escasos recursos y carecen de los incentivos para actuar; por tanto, debemos crear los mecanismos ciudadanos que aseguren la atención del Estado sobre este problema. En ese sentido, son señales positivas los numerosos estudios elaborados por organismos nacionales e internacionales, así como las iniciativas académicas, por ejemplo el programa de políticas públicas de la ESEN.

Sin embargo, es preciso que la sociedad civil asuma este problema como propio y actúe en consecuencia. Al final, el principal problema no es la inseguridad ciudadana misma, sino la ausencia de soluciones de los funcionarios públicos y peor aún, la falta de interés de la sociedad, porque si los ciudadanos no exigen, el Estado no cumple.

Aún hay tiempo para “decirnos y decirles que aún creemos que es posible que la nación vuelva a renacer y salir de sus ruinas; para demostrarles a los señores de la muerte que estamos de pie y que no cejaremos de defender la vida de todos los hijos de este país” (Javier Sicilia). La inseguridad es un problema de todos, y debemos actuar antes que perdamos el país en donde vivimos.

* Presidente de ADESA 2011-2012. Publicado en La Prensa Gráfica, edición 18 de marzo de 2012.

La histórica institución del Arbitraje

Por Lic. Herman Duarte*

El arbitraje tiene una regulación peculiar en El Salvador. Se trata de una institución alterna de resolución de conflictos que se remonta a nuestra primera Constitución en 1824, siendo digno de elogio destacar su supervivencia y evolución en el bicentenario de vida que tiene nuestra Nación. A medida el Estado se fue modernizando, la regulación de la institución se fue desarrollando de manera dispersa entre: código de procedimientos civiles, código de comercio, y la ley procesal mercantil.

En 1983 con la entrada en vigor de la Constitución, se consagra el derecho de terminar los asuntos civiles o comerciales por arbitramento.

Mientras tanto, en 1985 la Comisión de Naciones para el Derecho Mercantil Internacional (CNUMDI) empezaba a promocionar la implementación de la Ley Modelo de Arbitraje para uniformizar la regulación del arbitraje en el mundo, a fin de tener (entre otros muchos objetivos) jurisprudencia uniformizada en el tema, en aras de la seguridad jurídica en el comercio mundial.

Una Ley Modelo disponible sin costo, más que el de filtrarlo a la comisión respectiva del Órgano Legislativo.

En 1999, El Salvador ratifica la Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (1958), la cual es considerada la Convención más exitosa de Naciones Unidas, cuyo efecto se traduce en poder esforzar un laudo arbitral en más de 140 jurisdicciones. Siendo una de las grandes ventajas del arbitraje frente a otros sistemas de resolución de conflictos. Otra convención de la misma naturaleza, aunque de menor alcance, que El Salvador ratificó en 1980 fue la Convención de Panamá (1975).

Con la llegada de la LMCA en 2002 se erradica en gran medida la regulación dispersa del arbitraje (con una que otra excepción, como la regulación de LACAP al respecto). Pese a ello, la LMCA nunca dio los resultados esperados (DEL, FUSADES 03/2005), pero sin duda significó un gran avance para promover El Salvador como un país con marcos jurídicos modernos, un elemento necesario para generar inversión.

Avanzando hacia 2006, la NUMDI promociona una nueva versión de la Ley Modelo de Arbitraje, actualizando la versión de 1985 a las corrientes doctrinarias mayoritarias. Para este entonces, más de 50 países habían adoptado legislaciones locales inspiradas en dicho trabajo.

En 2009, una actitud revanchista de un grupo parlamentario ahora extinto (o con nombre diferente) llevó a que la LMCA sufriera una herida mortal con la habilitación de la apelación en los arbitrajes de derecho, al violar principios elementales del arbitraje (e. g. principio de finalidad, autonomía de las partes, libertad de contratación, etcétera). Siendo una gran sorpresa que la Honorable Sala de lo Constitucional que nos había acostumbrado a rectificar los desfalcos legislativos, haya declarado la constitucionalidad de estas en el proceso de inconstitucionalidad 11-2010.

Es innegable que el arbitraje cuenta con innumerables ventajas frente a tramitar un conflicto ante el Órgano Judicial, y frente a otros métodos de resolución alterna de conflictos; por ende es el mecanismo predilecto para resolver los conflictos de manera eficaz y efectiva.

Por ello se vuelve necesario, como bien dijo la Asociación Salvadoreña de Derecho y Desarrollo (ADESA), iniciar un proceso de revisión legal del arbitraje, para poder ofrecer un mecanismo efectivo de resolución de disputas que vuelva a colocar en el camino correcto a El Salvador

  

* Directivo de ADESA 2011-2012. Publicado en La Prensa Gráfica, edición 4 de marzo de 2012. Correo electrónico: herman.duarte@gmail.com / www.hermandi.com

Asocios público-privados: mitos y realidades

Por Lic. Carlos R. Sánchez*

Mientras el tema electoral enciende debates no siempre relevantes para el desarrollo y buena marcha del país, como la reforma constitucional discutida en la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa del miércoles pasado, otros temas de mayor importancia han pasado desapercibidos en el Órgano Legislativo, como el anteproyecto de Ley de Asocios Público-Privados presentado por el Órgano Ejecutivo. 

Dado que la denominación ha dado lugar a un sinnúmero de interpretaciones y usos es necesario tener claro qué son y qué no son los Asocios Público-Privados (APP), desde la experiencia internacional y desde el anteproyecto mencionado. 

En términos generales los Asocios Público-Privados (Public-Private Partnership en la literatura anglosajona) son proyectos en los que el sector privado provee infraestructura habilitante y servicios que tradicionalmente han sido provistos por el Estado; en estas modalidades de participación se incorpora la experiencia, conocimientos, equipos, tecnología, y se distribuyen recursos y riesgos entre el Estado y los privados con el objeto de desarrollar dichos proyectos. 

¿Qué no son los APP? No constituyen privatización de bienes estatales. Los APP se manifiestan jurídicamente en contratos entre un participante privado y una institución pública, que tienen un plazo determinado cuyo establecimiento es obligatorio, y que una vez transcurrido, los bienes son entregados nuevamente a la institución, incluso en mejores condiciones. Para el caso del anteproyecto salvadoreño, la omisión del plazo en el contrato es causal de nulidad. En los casos de privatización, el bien pasa a manos del privado en calidad de dominio, no es así en APP, pues el Estado sigue siendo el titular último del servicio prestado y dueño de los bienes aportados si los hubiere. 

En los APP el gobierno no se desliga de ser el último garante de la provisión del servicio. Las leyes APP en Latinoamérica y el anteproyecto salvadoreño contemplan la creación de instituciones supervisoras y reguladoras o el fortalecimiento de las ya existentes, con el objeto de velar por el cumplimiento de niveles de servicio, estándares técnicos y reglas tarifarias previamente establecidas. Asimismo se establecen reglas adicionales que protegen los derechos del consumidor que pudieran verse vulnerados. 

Los APP no sustituyen a todas las demás formas de prestación de servicios públicos. Los APP son solo una de las modalidades que las instituciones estatales tienen para prestar servicios y desarrollar infraestructura habilitante. 

Las leyes APP y el anteproyecto salvadoreño en específico disponen sobre la obligatoriedad de la elaboración de estudios que demuestren que el proyecto que se pretende realizar genera valor económico y social, y que la modalidad APP constituye la manera más eficiente y eficaz para los fines buscados. Debe justificarse que el mecanismo de APP es la mejor alternativa frente a las formas tradicionales de inversión pública. Es decir, el Estado siempre utilizará las demás formas contempladas en la normativa de contratación pública, por lo que el APP constituye una manera adicional de prestar servicios a la población, pero no el único. 

Con un marco normativo adecuado y un manejo eficiente pueden aportar sustancialmente al desarrollo del país, por lo que es necesario alejarse de posturas dogmáticas y enfocarse en posiciones más pragmáticas respecto a esta innovadora forma de inversión. 

* Miembro de ADESA. Publicado en La Prensa Gráfica, edición 4 de marzo de 2012.  Puede contactar al autor:  croberto.sanchez@hotmail.com

¿Para qué sirven los diputados?

Por Lic. Oscar A. Pineda*

Desde la ilegal e incivilizada práctica de la pinta y pega, hasta los decentes cartelitos colgados, el país entero se ha llenado con propaganda electoral. Allí unos partidos anuncian a sus candidatos a diputados, y otros, divulgan su impersonal bandera. Los primeros (los que tienen rostro) hacen propuestas propias de un candidato presidencial, como si contaran con facultades legales para ejecutarlas; y los segundos, los que no presentan personas, de ellos solo puede suponerse que actuarán conforme a una ideología (la cual se contradice con la realidad y práctica de muchos de los candidatos que se esconden detrás de la bandera).

Si por un lado tenemos aspirantes a legisladores que ofrecen lo que la Constitución no les permite hacer, y por otro tenemos unos que ni siquiera anuncian sus iniciativas, la conclusión que se configura es que en general (porque siempre hay honrosas excepciones) habrá dos clases de diputados: los que promoverán iniciativas de ley inviables jurídica, fática y económicamente, y los que simplemente levantarán la mano a petición de la arbitraria cúpula de su partido.

Con este panorama, considero razonable comentar, a grandes rasgos, las funciones de la Asamblea Legislativa, que es alrededor de lo cual debiera girar la campaña de los candidatos, comprometiéndose a poner toda su voluntad y a articularla con el resto de diputados para cumplir mejor con esas atribuciones del órgano que integran.

La Constitución enumera 37 facultades de la Asamblea Legislativa, además de otras que puedan estar dispersas en su texto. Simplificando bastante, la Asamblea Legislativa sirve para realizar cuatro funciones: dictar leyes sobre casi cualquier materia, nombrar funcionarios, controlar a otros órganos del Estado y decidir sus aspectos administrativos.

Sobre la función de crear las leyes, las propuestas deberían estructurarse en dos vertientes: en el proceso de formación de ley, comprometiéndose a no apoyar proyectos legislativos que no tengan previamente un estudio económico y financiero que establezca si los beneficios de esa regulación son mayores a los costos que implica y determine de dónde provendrían los fondos para implementarla. En cuanto a las materias a las que se referirían las nuevas leyes, debieran identificar una agenda que corresponda a la ideología que pregona, alejándose de las propuestas populistas.

En cuanto al nombramiento de funcionarios, los candidatos debieran comprometerse a nombrar a las personas más idóneas para el cargo de que se trate, aun cuando no compartan su ideología y además, luchar porque las designaciones se hagan a tiempo.

En relación con su papel en el sistema de frenos y contrapesos, debieran comprometerse a respetar la separación de poderes, a no delegar atribuciones como ha sucedido al dar al Órgano Ejecutivo la posibilidad de hacer transferencias presupuestarias entre ramos y a no aprobar la mala gestión de un ministro, aun cuando fuera del gobierno del partido al que pertenece el diputado.

En cuanto a los aspectos administrativos, podrían ofrecer la justificación pública del presupuesto de la Asamblea antes de aprobarlo, publicitar los empleados de cada fracción legislativa y difundir el historial del voto individual de cada diputado para que los ciudadanos sepan si está apoyando o no los temas por los que se comprometió a luchar. Me gustaría votar por un candidato así. Luego me gustaría que cumplieran honestamente con esos compromisos.

* Miembro de ADESA. Publicado en La Prensa Gráfica, edición 12 de febrero de 2012. Correo electrónico: oscar.pinedarivas@hotmail.com 

En la búsqueda de excelentes jueces

Por Lic. Carlos A. Guzman*

Normalmente nos quejamos de la corrupción judicial, de la ineficiente lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, de las huelgas de los sindicalistas, y en general, de que la justicia es un privilegio de pocos en lugar de ser un servicio para todos. Entonces, este es el momento para transformar estos reclamos en acciones propositivas, puesto que estamos a la puertas de las elecciones judiciales. Desde 1997, cada tres años se eligen cinco abogados por un período de nueve años para que sean magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y en 2012 corresponden nuevas elecciones.

El proceso de elección es una novedad teórica latinoamericana que combina la participación ciudadana con la excelencia profesional. Se encuentra conformado por tres grandes etapas: a) votación popular: los abogados están llamados a votar para elegir a 15 candidatos, propuestos por asociaciones de abogados; b) selección del Consejo Nacional de la Judicatura de 15 candidatos; y c) elección por la Asamblea Legislativa de cinco magistrados titulares y cinco suplentes, de los 30 candidatos propuestos.

La votación popular se encuentra limitada a los abogados, los únicos habilitados para votar por los candidatos a magistrados. De manera que el primer paso para contar con magistrados honestos, capaces e independientes es evaluar a los 43 abogados propuestos por las asociaciones de abogados y, el 11 de febrero, ir a votar o invitar a los amigos abogados (en el caso del resto de personas) por aquellos que reúnan estos requisitos y lo hayan demostrado a lo largo de su carrera profesional y académica.

Cabe destacar que existen varios estudios que señalan las virtudes y los defectos de este proceso, uno de ellos es el “Estudio del proceso de selección de magistrados de la CSJ”. Algunas de sus recomendaciones han sido retomadas por la Asamblea, mediante la reforma transitoria a la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura que generará mayor transparencia en la votación popular; sin embargo, quedan reformas pendientes: realizar entrevistas públicas de los candidatos, permitir la participación de la sociedad civil, entre otras. Sobre esto último, se ha conformado la “Red para la Independencia Judicial”, integrada por FUSADES, CREO, ADESA, ANEP y varias universidades, además de otras organizaciones, para promover conciencia sobre la importancia de garantizar la elección de magistrados intachables, idóneos, independientes y capaces.

Los retos son grandes y existen numerosas variables desfavorables en torno a este proceso de elección de magistrados (la peligrosa tendencia de los partidos políticos y grupos de interés lícitos e ilícitos de cooptar candidatos, y las experiencias negativas de nepotismo y corrupción); sin embargo, existen herramientas para que los ciudadanos ejerzamos un rol de auditoría social y para incentivar a todos los profesionales del derecho a que participen en las elecciones mediante el voto razonado y debidamente justificado para elegir magistrados que reúnan requisitos morales y constitucionales.

Entonces, si deseas mejores jueces no te quedes sentado e infórmate a través de noticias o sitios web como www.observatoriojudicial.org. Demanda a tus diputados la elección de mejores jueces e involúcrate en la vida nacional.

* Presidente de ADESA 2011-2012. Publicado en La Prensa Gráfica, edición 22 de enero de 2012.

Elecciones Judiciales 2012

Por Lic. Carlos A. Guzman*

Normalmente nos quejamos de la corrupción judicial, de la ineficiente lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, de las huelgas de los sindicalistas, y en general, de que la justicia es un privilegio de pocos en lugar de ser un servicio para todos los ciudadanos. Entonces, este es el momento para transformar estos reclamos en acciones propositivas, puesto que estamos a la puertas de las elecciones judiciales.

A partir de 1997, cada 3 años se eligen 5 abogados por un período de 9 años para que sean magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y en 2012 corresponden nuevas elecciones. El proceso de elección es una novedad teórica latinoamericana que combina la participación ciudadana con la excelencia profesional. Se encuentra conformado por 3 grandes etapas: a) votación popular: los abogados están llamados a votar para elegir a 15 candidatos, propuestos por asociaciones de abogados; b) selección del Consejo Nacional de la Judicatura de 15 candidatos; y c) elección por la Asamblea Legislativa de cinco magistrados titulares y cinco suplentes, en base a los 30 candidatos propuestos.

La votación popular se encuentra limitada a los abogados, quienes son los únicos habilitados para votar por los candidatos a magistrados. De manera que, el primer paso para contar con magistrados honestos, capaces e independientes es evaluar a los 43 abogados propuestos por las asociaciones de abogados y el 11 de febrero, ir a votar (en el caso de los abogados) o invitar a los amigos abogados (en el caso del resto de personas) por aquellos que reúnan estos requisitos y lo hayan demostrado a lo largo de su carrera profesional y académica.

Cabe destacar que existen varios estudios que señalan las virtudes y defectos de este proceso, uno de ellos es el “Estudio del proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, y como buena señalar, algunas de estas recomendaciones han sido retomadas por la Asamblea Legislativa, mediante la reforma transitoria a la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura que generará mayor transparencia en la votación popular; sin embargo, quedan muchas más reformas pendientes: realizar entrevistas públicas de los candidatos, permitir la participación de la sociedad civil, entre otras. Precisamente, sobre esto último, se ha conformado la “Red para la Independencia Judicial”, conformada por FUSADES, CREO, ADESA, ANEP y varias universidades, entre otras organizaciones de la sociedad civil, para promover conciencia sobre la importancia de garantizar la elección de magistrados intachables, idóneos, independientes y capaces.

Los retos son grandes y existen numerosas variables desfavorables entorno a este proceso de elección de magistrados (la peligrosa tendencia de los partidos políticos y grupos de interés lícitos e ilícitos de cooptar candidatos, y las experiencias negativas de nepotismo y corrupción); sin embargo, existen herramientas para que los ciudadanos ejerzamos un rol de auditoría social y para incentivar a todos los profesionales del derecho a que se participe activamente en las elecciones del 11 de febrero de 2012 mediante el voto razonado y debidamente justificado para elegir magistrados que reúnan plenamente los requisitos morales y constitucionales. Entonces, si deseas mejores jueces no te quedes sentado e infórmate a través de las noticias o sitios web como www.observatoriojudicial.org, demanda a tus diputados la elección de mejores jueces e involúcrate en la vida nacional.

* Presidente de ADESA 2011-2012. Publicado en La Prensa Gráfica, edición 22 de enero de 2012.

Duro de Matar II: el Arbitraje contra-ataca

Por Lic. Herman Duarte*

Teniendo a diputados con (des) instrucción notoria, que pasan desde el analfabetismo hasta el alcoholismo, no es sorpresa que existan leyes que no solo dejan mucho que desear, sino que desnaturalizan instituciones jurídicas de gran relevancia para el desarrollo del País. Por lo cual, se vuelve necesario recurrir a los mecanismos de pesos y contrapesos que el Estado Constitucional de Derecho ofrece, entre ellos, el del proceso de inconstitucionalidad de las leyes.

El pasado 12 de junio en este mismo periódico, escribí sobre las reformas que la regulación del arbitraje había sufrido en El Salvador, y cómo estas venían a desnaturalizar y a perjudicar a este método alterno de resolución de conflictos. A su vez, mencionaba de estar pendiente el proceso de inconstitucionalidad 11-2010 interpuesto por el doctor Parada (candidato #32 a magistrado).

El proceso tuvo como objeto dirimir la constitucionalidad de las reformas a los artículos 37 inciso 5 y 66-A de la Ley de Medicación Conciliación y Arbitraje; y los artículos 161 y 165 de la LACAP. Básicamente, con estas reformas se habilitaban dos cosas: primero, recurso de apelación en los arbitrajes dictados en derecho (es decir, aquellos arbitrajes que usan la ley para llegar a una decisión, en contraposición a los arbitrajes de equidad, que usan el sentimiento de lo ‘justo’ para decidir); y, segundo, que el Estado salvadoreño cuando decida pactar arbitrajes, solo pueda optar por arbitrajes de derecho.

La sala, en el no tan acertado fallo, declaró constitucional todas las reformas, estableciendo que si el conflicto es exclusivamente entre particulares, las partes podrán optar excluir la apelación como recurso disponible. Sin embargo, la situación cambia cuando el Estado se encuentra involucrado, ya que la exclusión de la apelación no será posible.

De tal forma, que todo licitante/contratista en caso de un conflicto deberá prepararse para un largo proceso, o bien ser diligente y contar con asesoría especializada desde el momento de contratación. Pero, ¿cuál es el problema de que exista apelación en arbitrajes dictados en derecho? Fundamentalmente, se desnaturaliza el arbitraje como herramienta que permita llegar a la solución final de un conflicto, ya que la última palabra la dejan de tener los árbitros que han escuchado el conflicto; y la batuta pasa a las cortes nacionales, alargando innecesariamente el proceso, y volviendo menos atractivo el uso del arbitraje. Esto, en definitiva, viene a debilitar el sistema de resolución de conflictos, elemento necesario para generar inversión.

Establecer el recurso de apelación en los arbitrajes de derecho, es decir, permitir que los jueces revisen sobre los méritos de los laudos (muy diferente al recurso de nulidad que garantiza el cumplimiento de requisitos formales) se viola el tenor y contenido del artículo 23 de la Constitución, que establece la libertad de contratación y el derecho de terminar las disputas por medio del arbitraje.

La comunidad jurídica (gremiales, universidades, centros de Arbitraje), la empresa privada (ANEP, CASALCO, ASI, CCI) y tanques de pensamiento (FUSADES) debemos de presionar para que los magistrados rectifiquen declarando las inconstitucionales de dichas reformas; o, presionar para que la próxima legislatura corrija los errores de sus predecesores, derogando dichos artículos que tanto perjudican al Arbitraje. El país lo necesita.

* Directivo de ADESA 2011-2012. Publicado en La Prensa Gráfica, edición 22 de enero de 2012. Correo electrónico: hd@hermandi.com / www.hermandi.com

Votar en 2012

Por Lic. Carlos R. Sánchez*

En esta ocasión explicaré brevemente el mecanismo de votación y asignación de escaños a ser utilizado en la próxima elección establecido en el vigente Decreto Legislativo N.º 940.

Formas de marcar la papeleta: se podrá marcar 1. Sobre la bandera del partido o coalición. 2. Sobre la bandera y uno, varios o todos los candidatos de la lista de un mismo partido o coalición. 3. Sobre uno, varios o todos los candidatos de la lista, sin marcar la bandera. 4. Sobre un candidato no partidario.

Las formas mencionadas constituyen las únicas formas válidas de votación. El voto cruzado es nulo, es decir, aquellas marcas sobre varios candidatos de distintos partidos o sobre un candidato partidario y uno no partidario. Lo anterior, en congruencia con el sistema de lista cerrada desbloqueada.

Como solo se tiene derecho a un voto, cada una de las cuatro formas de marcar otorga un voto al partido marcado. Si se hacen varias marcas, según las formas señaladas, son solo para expresar la preferencia por los candidatos y sirven para uno de los conteos que a continuación se exponen.

Dos conteos: el primero sirve para determinar el número de diputados que cada partido o coalición obtuvo en cada departamento o si hay diputaciones independientes ganadas; el segundo, una vez determinado la cantidad de diputados ganados por cada partido o coalición, sirve para determinar por medio de las marcas sobre candidatos específicos en las listas de cada partido, quiénes ocuparán efectivamente las curules.

Primer conteo: se rige por la misma regla de cocientes y residuos del artículo 262 del Código Electoral que ha venido siendo utilizada, por lo que lo importante es el segundo conteo, por novedoso.

Segundo conteo: luego de haberse determinado el número de escaños que corresponde a cada partido o coalición el Tribunal Supremo Electoral asignará los escaños atendiendo al número de marcas de cada candidato individualmente considerado, de mayor a menor, y teniendo en cuenta la lista completa del partido. Es decir, ya no importa el orden de esta. Las marcas hechas solamente a la bandera (forma de marcar número 1) no se toman en cuenta para determinar la asignación, salvo la excepción a continuación.

Agotado el procedimiento anterior, que define con claridad la asignación de diputados con base en las marcas de preferencia, si aún quedan escaños por asignar, se aplicará de forma supletoria el orden de la lista.

Esta supletoriedad es solamente respecto de los diputados que faltaran y sobre los que no hubiera forma de determinar su prelación con base en las marcas. Por ejemplo, si un partido obtuvo, según el primer conteo, siete diputados de veinticuatro disponibles, y hubiere marcas solamente sobre seis diputados, porque las demás marcas de dicho partido estuvieren en la bandera, el diputado número siete sería aquel que esté primero en la lista, pero los otros seis seguirían siendo los elegidos de acuerdo con marcas.

La aplicación de esta regla de supletoriedad es de difícil ocurrencia, pues es poco probable que existan candidatos sin marca alguna o que empaten, y recordamos que con solo una marca sobre un candidato, su asignación prevalece y por tanto no se aplica la excepción.

Considero que dicha reforma cumple con el espíritu de las sentencias de la Sala de lo Constitucional, respetando también la potestad de configuración legal del Órgano Legislativo.

* Miembro de ADESA. Publicado en La Prensa Gráfica, edición 18 de diciembre de 2011.

2012: El Gran Desafío

Por Lic. Carlos A. Guzman*

Durante 2012 ocurrirán dos eventos electorales relevantes para el destino de nuestro país: el 11 de febrero, elecciones de jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y el 11 de marzo, de diputados y concejos municipales. Respeto a esta última, nuestro reto como ciudadanos es auditar a los candidatos y exigirles debates públicos de sus propuestas y corrientes ideológicas en las universidades, gremiales, parques, plazas, iglesias o cualquier lugar de acceso público, y además, debemos incentivar a nuestros amigos a ejercer su voto y promover a personas independientes, trabajadoras y honestas que han tomado el enorme desafío de participar en estos procesos electorales.

Todos deseamos vivir en un mejor país, donde tengamos seguridad para trabajar y disfrutar de la vida al lado de nuestros seres queridos; y para eso, entre otros elementos, necesitamos a personas capaces en la Asamblea Legislativa para que aprueben leyes adecuadas y jueces valientes en la CSJ para que proporcionen una pronta y cumplida justicia. Para lograr esto no basta que los ciudadanos conozcamos y exijamos nuestros derechos o que nos quejemos de la incompetencia de los funcionarios públicos, ni que existan candidatos ideales y capaces; sino que es urgente la perfecta armonía entre excelentes candidatos y ciudadanos responsables, es decir, la renovación política y judicial necesita contar con dos elementos: 1) personas dispuestas a trabajar al servicio del país y, 2) ciudadanos responsables que les apoyen.

Ahora bien, en general, más allá de la obligación de contar con cierta edad y el goce de los derechos políticos, los requisitos que debemos exigir con especial atención a los candidatos a diputados son la “notoria honradez e instrucción”. Obviamente, el significado de estos conceptos es una tarea compleja y con variadas interpretaciones, ahora bien, ¿qué sucede si nos conformamos con un perfil mínimo de honradez e instrucción? Es muy probable que tengamos candidatos con dudosas cualidades, tal como hemos observado en recientes debates por televisión, o peor aún, que sigamos con diputados irresponsables que asisten a la Asamblea bajo los efectos de bebidas embriagantes, que aprueban un decreto 743 para limitar la independencia de los jueces, o que se oponen a la reforma electoral; y ¿qué sucede si establecemos un perfil superior de honradez e instrucción? Pues incrementarían las posibilidades de contar con diputados trabajadores e intachables. En igual sentido para el caso de los alcaldes y concejos municipales.

Se evidencia la imperiosa necesidad de exigir candidatos con la mayor honradez e instrucción posible, a través de una constante exigencia ciudadana que promueva a los mejores candidatos y castigue a los peores. Las nuevas reglas electorales para elegir a los diputados en 2012 nos otorgan por primera vez la libertad de marcar la diferencia y elegir a las mejores personas mediante el voto, y de esa forma, es la ocasión ideal para iniciar la renovación política anhelada desde hace varios años.

No nos conformemos ni seamos cínicos, ya que ahora depende de nuestras acciones ciudadanas demostrar que realmente deseamos esta libertad y no queremos seguir siendo controlados por las cúpulas partidarias; por tanto, es indispensable que apoyemos a los candidatos valientes y trabajadores.

* Presidente de ADESA 2011-2012. Publicado en La Prensa Gráfica, edición 11 de diciembre de 2011.

Del diablo y de la legalidad

Por Lic. Oscar A. Pineda*

Recientemente leí algunas caracterizaciones culturales de los salvadoreños. En “La Cultura del Diablo” de José Humberto Velásquez se dice que somos atenidos y machistas; mientras que Ignacio Martín Baró habló de “valeverguismo”. Quizá necesitemos entonces caracteres culturales alternativos.

El cambio de titular en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública ha aumentado las opiniones sobre el tema de inseguridad. Se ha discutido la disyuntiva entre un militar retirado o un civil para el cargo y se ha meditado si es posible o no progresos significativos en esta materia.

Sobre lo primero, la discusión no es relevante en abstracto, sino en cuanto a la idoneidad y vocación democrática de la persona, lo cual puede estar presente en un militar y faltar a un civil o viceversa. En cuanto a la disyuntiva de si es posible mejorar la situación de inseguridad, estimo que no depende del carácter civil o militar del titular de Seguridad, sino de múltiples factores, de los cuales quiero referirme en esta opinión a la cultura de legalidad.

El funcionamiento civilizado, o por lo menos estructurado de la sociedad, depende de la existencia de normas jurídicas que regulen las conductas de los individuos que la integran; sin embargo, la utilidad de estas reglas no viene de su existencia, sino de su acatamiento voluntario por la población y de la capacidad del Estado de obligar su cumplimiento.

Por regla general, los comentarios sobre seguridad enfatizan el segundo elemento: el Estado no hace cumplir la ley; sin embargo, el primero –el acatamiento voluntario de la ley– me parece más importante, tanto que, si se cumpliera a plenitud, fuese innecesario el segundo. Eso es utópico porque siempre habrá alguien que irrespete las normas, pero quienes lo hagan deberían ser la excepción y el resto de la población no debería tolerar esa conducta.

Es indispensable que la gran mayoría de la población interiorice las normas como un instrumento para su autorrealización, y que tenga la conciencia individual de contribuir a un todo social armonioso del que es parte. De no ser así, no habrá sociedad que se sostenga, pues no habrá un Estado tan grande como para que cada norma se aplique por la fuerza a cada persona.

En definitiva, se requiere la adopción de un patrón cultural, de una norma metajurídica: La ley debe respetarse porque eso será beneficioso para todos.

El Informe Latinobarómetro 2011 encontró que el 44% de los salvadoreños encuestados piensa que sus compatriotas respetan mucho o bastante la ley. Imaginemos que nos apegáramos tanto a las normas, que ese porcentaje hubiese sido 90%. Seguramente sería más sencillo para el Estado aplicar la ley.

Forjar un patrón cultural no es fácil y requerirá la ruptura de un círculo vicioso de tolerancia a la ilegalidad, así como de esfuerzos educativos sin resultados inmediatos.

El incremento de la legitimidad de las leyes, la educación profunda y constante en temas de convivencia social de los estudiantes desde la más temprana edad y programas para crear conciencia a los adultos sobre la importancia del respeto a la ley pueden ser medidas que progresivamente llevarían a El Salvador a sustituir la cultura del diablo por una cultura de legalidad.

La seguridad ciudadana sería uno de los temas con mejoras importantes al avanzar en ese sentido.

* Miembro de ADESA. Publicado en La Prensa Gráfica, edición 4 de diciembre de 2011. Correo electrónico: oscar.pinedarivas@hotmail.com

Sistema electoral y realidad salvadoreña

Por Lic. Carlos R. Sánchez*

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en su Sentencia 61-2009 abre el debate respecto a la forma en que debe ejercerse el sufragio. Posteriormente se reafirma y amplían las posibilidades en la sentencias de inconstitucionalidad 6-2011 y 57-2011. En términos amplios, dichas resoluciones impulsan tres cambios significativos en el sistema electoral: anulación del sistema de lista cerrada y bloqueada, en el que el único mecanismo de elección es el orden de la lista predeterminado por el partido político; eliminación de la posibilidad de presentación de listas parciales en cada circunscripción, que limitaba la posibilidad de elección; y voto por personas y por ende, por más de un candidato de una misma lista, potenciando la libertad de configurar la prelación por parte del ciudadano.

Los antecedentes mencionados inexorablemente conducen a una reforma del sistema tal y como lo conocemos hasta ahora. Pero una reforma por sí misma no representa un avance si no se toman en cuentas todos los factores asociados al cambio que se pretende implementar.

Evidentemente el papel de la Sala de lo Constitucional, como legislador negativo, es meramente declarativo, en el sentido de señalar las directrices sobre las que debe marchar la implementación del nuevo sistema. Son los entes que legislan y ejecutan los que tienen en sus manos la puesta en marcha de los mecanismos que procuren una votación acorde a los principios y guías establecidos.

En este punto es necesario tener en cuenta que aunque lo ideal es tener un sistema electoral donde se potencie al máximo la libertad de elección en abstracto –como podría ser un sistema de listas abiertas en que el elector pudiera mostrar preferencias entre distintas listas por igual o incluso combinar candidatos no partidarios con partidarios– no debe dejarse de lado la situación educativa y social de gran parte de la población.

Y es que existe un “trade off” entre la ampliación de la libertad de elección, y la facilidad en el manejo del sistema por parte de los ciudadanos y los costos para las instituciones. Cualquier mecanismo que pretenda llevar a su máxima expresión la libertad de elección resulta inevitablemente complejo y costoso.

En un país con altos niveles educativos, acceso casi total a medios de comunicación tradicionales y no tradicionales, e instituciones con muchos recursos a su disposición, una reforma de la envergadura cercana a la ideal es posible; pero en El Salvador, parecería que la gradualidad hubiera sido el mejor camino a la implementación de nuevos mecanismos de elección. Según el Índice de Desarrollo Humano 2011, el promedio de escolaridad de la población salvadoreña es de 7.5 años; esto aunado a las conocidas asimetrías existentes en torno al acceso a la educación en todos sus niveles puede dar una idea de cómo se encuentra nuestra población en este tema.

Si bien cualquier intento por evadir el cumplimiento de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional constituiría un daño a la institucionalidad, también lo sería la creación de un sistema que ignore la realidad salvadoreña. Lo más importante para el diseño debe ser encontrar el equilibrio que permita cumplir con los postulados constitucionales enunciados por la sala, pero teniendo en cuenta las consideraciones propias de nuestra población y nuestras instituciones. El remedio no puede ser peor que la enfermedad.

* Miembro de ADESA. Publicado en La Prensa Gráfica, edición 20 de noviembre de 2011.

Tutti frutti de problemas

Por Lic. Herman Duarte*

Me preocupa la economía del país. En el sector privado, es escalofriante ver cómo la ignorancia mueve montañas, vivo ejemplo es la ley reguladora del interés de las tarjetas de crédito. Nadie niega el hecho de que existan casos de intereses excesivos, pero aquello solo viene a ser como consecuencia del mayor riesgo de impago del solicitante. Lo que esta ley viene a hacer –entre muchas otras cosas– es restringir el acceso de crédito vía bancos, y promover la usura, con sus temidas y muy prácticas retroventas. Los sectores más frágiles, y las mypes sufrirán las consecuencias.

En el ámbito público, me preocupa el tema del presupuesto del año 2012. Creación de nuevas plazas, aumentos salariales, implementación de métodos absurdos para la repartición de subsidios, en adición a los préstamos, que las futuras y mi generación pagarán. Por si no fuera poco, los contribuyentes seguimos con mayores cargas tributarias, y en lugar de obras, vemos que se siguen llenando los bolsillos viejos y nuevos actores. La decencia y el honor han cedido su lugar por el descaro y la vivianería.

Me preocupa la institucionalidad del país. La desconfianza ha subido a niveles que se le pide auditorías al ente auditor; tenemos una Procuraduría de Derechos Humanos que lo único que puede hacer es pagar campos en periódicos; se pone en tela de juicio de los fallos –reivindicatorias– de la Sala de lo Constitucional; en adición a desconocer los laudos arbitrales, pese a existir convenciones internacionales donde la República se obliga al reconocimiento de los mismos, dañando –aún más– la imagen del país.

En lo societario, la ira y el odio que circula en la sangre de las personas es preocupante. El dedo en la llaga se ejemplifica con dos muestras. La primera, con el joven que fue asesinado a golpes en las cercanías del redondel Beethoven. El segundo caso, que ha sido noticia un poco más reciente, que terminó con dos jóvenes en el hospital, uno de ellos en coma. Sin dejar a un lado, que se tiene un gabinete de (in) seguridad que niega el clima de desconfianza, y se ampara de las gastadas, y falsas estadísticas.

Me preocupa la falta de prioridades. Resulta que en un país tercermundista –o en vías de desarrollo– como el nuestro, es más importante que los funcionarios viajen en primera clase, que incrementar el fondo para hospitales en medicinas, o en algo tan esencial, como una camilla. Sin olvidar el hecho que anualmente se gaste más en la comida de los reos, que en la de estudiantes.

En gran medida, me preocupa la imagen que se genera al mundo de El Salvador. Un país donde reina la pobreza y la inseguridad, que ha sido clasificado como el más violento del mundo, y que por si fuera poco, tiene días de coquetear con la ignorancia y la rebeldía.

¿Con qué cara se puede presentar este país a un inversionista –nacional o extranjero– para que invierta?

Ante tan drástico escenario, me pregunto, si existe realmente una agenda secreta de algún grupo (los cuales existen, ingenuo sería negarlos) para destruir por completo al país, que un día fue un paraíso en América Central. ¿Qué podemos hacer ante este tan oscuro panorama?

* Directivo de ADESA 2011-2012. Publicado en La Prensa Gráfica, edición 6 de noviembre de 2011.

Independencia de la Partidocracia

Por Lic. Carlos A. Guzman*

El 27 de octubre, las fracciones legislativas del FMLN y CN (ex PCN) aprobaron una reforma al mecanismo de votación establecido en el artículo 238 del Código Electoral, y limitaron la libertad de todos los ciudadanos, al eliminar una de las opciones para votar por personas y violar el artículo 78 de la Constitución.

Por tanto, corresponde a las instituciones actuar para evitar esta transgresión. En específico, el presidente de la República debe realizar un veto por inconstitucionalidad a esta reforma legislativa.

Caso contrario, cualquier ciudadano puede solicitar a la Sala de lo Constitucional la declaratoria de inconstitucionalidad de esta norma; sin embargo, debido a los plazos procesales se tendría una solución hasta después de marzo de 2012. Entonces, ¿quién podrá defendernos? Pues, ¡nosotros mismos!, y como ciudadanos, además de expresar nuestro reclamo e indignación, es preciso votar por personas, y demostrarle a las fracciones legislativas que preferimos elegir a nuestros representantes por nosotros mismos.

El 29 de julio de 2010, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la exclusividad del voto por bandera (sistema de lista cerrada y bloqueada) “debido a la afectación desproporcionada al derecho de los ciudadanos a ejercer el sufragio activo libremente”. En la sentencia, la sala dictó que se debe buscar que “la composición del grupo parlamentario dependa de las preferencias de los electores, no de la cúpula partidaria”.

El 10 de marzo de 2011, las fracciones legislativas del FMLN, GANA, PCN y PDC aprobaron unas reformas que permitían el voto por personas pero limitaban la posibilidad real de obtener una curul, un claro ejemplo de la partidocracia que ahoga a la democracia. El presidente de la República vetó por inconstitucionalidad debido a que “los efectos, en gran parte de los casos regulados, parecen ser los mismos que se daban en el sistema de listas cerradas bloqueadas”, es decir, “que se impone la voluntad del partido a la de los ciudadanos, aun cuando éstos ya la han expresado de manera clara”. Ante esto, el 16 de junio, las fracciones del FMLN, PCN y GANA aprobaron un nuevo mecanismo que únicamente permitía el voto por persona en dos supuestos: la marca sobre la persona y la marca sobre la bandera y la persona.

A pesar de que representantes de estos partidos políticos decían que las reglas electorales “deben mantenerse para no desestabilizar el proceso”, el 6 de octubre de 2011, la fracción legislativa del FMLN solicitó reformas al Código Electoral, debido a que “algunas disposiciones se encuentran desactualizadas o contienen errores que resultan inconvenientes en el marco del próximo evento electoral”, y el error que resultaba inconveniente quedó evidenciado: el voto por persona; ya que ahora, únicamente permite la marca sobre la persona, y por tanto, corresponde un veto por inconstitucionalidad.

Al parecer, a pesar del esfuerzo de la sociedad civil, la intención de estas reformas es imponer la voluntad de los partidos y preservar la partidocracia, incluso con el rechazo de los ciudadanos, según el Latinobarómetro 2011.

Entonces, ¿qué hacemos? Votar por personas honestas, independientes y capaces, que debatan las ideas y presenten sus programas, de manera que nos representen dignamente y, como ciudadanos, reivindiquemos nuestra independencia, y hagamos de la elección 2012 nuestro Primer Grito de Independencia de la Partidocracia.

* Presidente de ADESA 2011-2012. Publicado en La Prensa Gráfica, edición 6 de noviembre de 2011.