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martes, 24 de abril de 2012

Elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia II


Remitimos el comunicado de la RED PARA LA INDEPENDENCIA JUDICIAL, en la cual participa ADESA, con el objetivo de reafirmar la inamovilidad de los magistrados de la Sala de lo Constitucional durante el período de 9 años, a partir del momento de su nombramiento. 

Esta garantía de inamovilidad es un fundamento de la independencia judicial e incluye al Presidente de esta Sala, quien puede ser sustituido en la presidencia pero no puede ser trasladado debido a su calidad de magistrado de la Sala.

Además, dentro de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, destacamos la necesidad de incorporar altos estándares éticos, técnicos y de especialidad profesional para asignar a los nuevos funcionarios públicos en las 4 Salas de la Corte: 2 en la Contencioso Administrativo, 1 en lo Civil, 1 en lo Penal y 1 en lo Constitucional.

Les invitamos a seguir todo el proceso de elección a través de nuestro Facebook: Adesa Abogados



miércoles, 11 de abril de 2012

Elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia I


Remitimos el comunicado de la RED PARA LA INDEPENDENCIA JUDICIAL, del 11 de abril de 2012, en la cual participa ADESA, con el objetivo de reafirmar que la competencia para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia 2012-2021 corresponde a la Asamblea Legislativa 2012-2015. 

Este mecanismo de elección deviene de la interpretación armónica de las disposiciones de la Constitución de 1983 y las reformas constitucionales de 1991 inspiradas en los Acuerdos de Paz, con el objetivo de otorgar legitimidad democrática a estos funcionarios públicos.

Además, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deben ser elegidos en base a sus méritos, capacidades y honorabilidad mediante un proceso transparente y participativo que asegure la calidad democrática de la decisión y la independencia judicial.


lunes, 6 de febrero de 2012

En la búsqueda de excelentes jueces


Por Lic. Carlos A. Guzman*

Normalmente nos quejamos de la corrupción judicial, de la ineficiente lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, de las huelgas de los sindicalistas, y en general, de que la justicia es un privilegio de pocos en lugar de ser un servicio para todos. Entonces, este es el momento para transformar estos reclamos en acciones propositivas, puesto que estamos a la puertas de las elecciones judiciales. Desde 1997, cada tres años se eligen cinco abogados por un período de nueve años para que sean magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y en 2012 corresponden nuevas elecciones.

El proceso de elección es una novedad teórica latinoamericana que combina la participación ciudadana con la excelencia profesional. Se encuentra conformado por tres grandes etapas: a) votación popular: los abogados están llamados a votar para elegir a 15 candidatos, propuestos por asociaciones de abogados; b) selección del Consejo Nacional de la Judicatura de 15 candidatos; y c) elección por la Asamblea Legislativa de cinco magistrados titulares y cinco suplentes, de los 30 candidatos propuestos.

La votación popular se encuentra limitada a los abogados, los únicos habilitados para votar por los candidatos a magistrados. De manera que el primer paso para contar con magistrados honestos, capaces e independientes es evaluar a los 43 abogados propuestos por las asociaciones de abogados y, el 11 de febrero, ir a votar o invitar a los amigos abogados (en el caso del resto de personas) por aquellos que reúnan estos requisitos y lo hayan demostrado a lo largo de su carrera profesional y académica.

Cabe destacar que existen varios estudios que señalan las virtudes y los defectos de este proceso, uno de ellos es el “Estudio del proceso de selección de magistrados de la CSJ”. Algunas de sus recomendaciones han sido retomadas por la Asamblea, mediante la reforma transitoria a la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura que generará mayor transparencia en la votación popular; sin embargo, quedan reformas pendientes: realizar entrevistas públicas de los candidatos, permitir la participación de la sociedad civil, entre otras. Sobre esto último, se ha conformado la “Red para la Independencia Judicial”, integrada por FUSADES, CREO, ADESA, ANEP y varias universidades, además de otras organizaciones, para promover conciencia sobre la importancia de garantizar la elección de magistrados intachables, idóneos, independientes y capaces.

Los retos son grandes y existen numerosas variables desfavorables en torno a este proceso de elección de magistrados (la peligrosa tendencia de los partidos políticos y grupos de interés lícitos e ilícitos de cooptar candidatos, y las experiencias negativas de nepotismo y corrupción); sin embargo, existen herramientas para que los ciudadanos ejerzamos un rol de auditoría social y para incentivar a todos los profesionales del derecho a que participen en las elecciones mediante el voto razonado y debidamente justificado para elegir magistrados que reúnan requisitos morales y constitucionales.

Entonces, si deseas mejores jueces no te quedes sentado e infórmate a través de noticias o sitios web como www.observatoriojudicial.org. Demanda a tus diputados la elección de mejores jueces e involúcrate en la vida nacional.

* Presidente de ADESA 2011-2012. Publicado en La Prensa Gráfica, edición 22 de enero de 2012.

miércoles, 1 de febrero de 2012

Elecciones judiciales 2012: una oportunidad para la independencia

Carlos Alberto Guzmán
Presidente de ADESA, Asociación Salvadoreña Derecho y Desarrollo

presidencia@adesaabogados.org

Como cada 3 años, 2012 presenta la oportunidad de elegir magistrados de la de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) idóneos, capaces e independientes que dignifiquen la profesión mediante el cumplimiento de la Constitución de la República; por tanto, es obligación de todos los profesionales del derecho de participar activamente en la votación del 11 de febrero y las subsecuentes etapas de la elección.

El proceso de elección

La Constitución de 1983 y sus reformas de 1991 establecieron un nuevo mecanismo de selección de magistrados de la CSJ con la intención de remover la influencia desmedida que el Órgano Ejecutivo tenía sobre los jueces y los diputados, y se sostenía en dos etapas: la primera, corresponde a la preselección de 15 candidatos por parte del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y 15, por la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES); y la segunda, es la selección por parte de la Asamblea Legislativa de cinco magistrados titulares y cinco suplentes.

Este mecanismo pretendía elegir como magistrados a los abogados salvadoreños por nacimiento, mayores de 40 años, que posean: moralidad y competencia notorias, con experiencia profesional relevante en el libre ejercicio o servicio público, representante de una corriente del pensamiento jurídico (que podría entenderse como especialidad profesional),  elevado nivel de experiencia académica (por ejemplo, el ejercicio de la docencia, publicación de obras de rigor científico u obtención de títulos académicos), alto nivel cultural, y la independencia para el ejercicio del cargo. Es decir, el parámetro para un magistrado de la CSJ debe ser un estándar de calidad profesional, individual y ciudadano para lograr el cumplimiento de sus funciones, las cuales pueden estar sometidas a fuertes presiones, tal como en 2011 se observó mediante la aprobación del Decreto Legislativo 743 y las manifestaciones privadas y públicas en contra de algunas sentencias.

Ahora bien este mecanismo ha sido utilizado en 6 elecciones judiciales y el tiempo ha ido demostrando sus virtudes y sus defectos, entre los primeros se destaca el involucramiento de los abogados a través de la FEADES y un mayor grado de independencia formal frente al resto de Órganos, y como aspectos negativos se ha observado el cuoteo partidario y la dependencia a los partidos políticos o grupos de interés de algunos jueces, tal como lo señalan algunos estudios, entre los que destaca por su novedad el “Estudio del proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, elaborado por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y el Instituto de Investigación Jurídica de la Universidad Dr. José Matías Delgado, como un aporte de orden académico para contribuir al fortalecimiento institucional y conscientes de la necesidad existente de fortalecer el sistema judicial por medio de la calidad de sus funcionarios (FUSADES, IIJ UCA, IIJ UJMD, 2011).

Al entender como las reglas vigentes generan incentivos que se manifiestan en comportamientos específicos, en este caso, el cuoteo partidario, es preciso iniciar una revisión de la experiencia internacional y realizar las modificaciones legales y constitucionales necesarias, por ejemplo, el establecimiento del 1 de septiembre como una fecha de elección de magistrados determinada, para reducir las negociaciones partidarias usualmente relacionadas con las elecciones legislativas, municipales y presidenciales que ocurren en los primeros meses del año.

Elecciones 2012

Durante 2011 han existido distintos esfuerzos para promover la elección de los mejores abogados en estas elecciones judiciales, tales como campañas de sensibilización sobre la independencia judicial y propuestas de reformas a la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura y al Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (Observatorio Judicial, 2011). Asimismo, varias organizaciones de la sociedad civil, entre las cuales se encuentra la Asociación Salvadoreña Derecho y Desarrollo (ADESA), conformaron la Red para la Independencia Judicial que se constituyó promover conciencia sobre la importancia de garantizar la elección de magistrados intachables, idóneos, independientes y capaces.

A la fecha, por un lado, existen 43 precandidatos postulados ante la FEDAES, sobre los cuales se elegirán 15 candidatos mediante las elecciones del 11 de febrero, y por otro, 112 aspirantes ante el CNJ, institución que seleccionará 15 candidatos antes del 12 de marzo. De manera que se presentará a la Asamblea Legislativa el listado de 30 candidatos, y hasta que la Asamblea Legislativa del período 2012-2015 inicie sus labores serán seleccionados los magistrados, con fecha límite el 1 de junio de 2012.

Los retos de la justicia son enormes, desde el cumplimiento de la pronta y cumplida justicia hasta el combate contra la corrupción, sin obviar el apoyo a la lucha contra la delincuencia y narcotráfico, y la urgente reestructuración orgánica, el problema de gestión laboral, la paralización de la Corte Plena y, en general, la búsqueda permanente de prestar un mejor servicio a todos los ciudadanos. Así pues, hay que evitar la propaganda burda e innecesaria y generar debates jurídicos con los precandidatos para conocer la carrera académica, el comportamiento ético, el ejercicio profesional, y evaluar si satisfacen completamente el ideal planteado para un magistrado de la CSJ.

En conclusión, el proceso de selección de magistrados requiere reformas legales e institucionales que corrijan las deficiencias señaladas en los estudios; empero, las elecciones judiciales 2012 son una oportunidad para impulsar la independencia y es imprescindible incorporar inmediatamente las mejores prácticas de transparencia dentro del CNJ, así como, incentivar a todos los profesionales del derecho a que se participe activamente en las elecciones del 11 de febrero de 2012 mediante el voto razonado y debidamente justificado para elegir magistrados que reúnan plenamente los requisitos constitucionales.


Bibliografía

FUSADES, IIJ UCA, IIJ UJMD. (2011). Estudio del procesos de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Antiguo Cuscatlán.

Observatorio Judicial. (Noviembre de 2011). Observatorio Judicial. Recuperado el 15 de Diciembre de 2011, de http://www.observatoriojudicial.org.sv

lunes, 23 de enero de 2012

Elecciones Judiciales 2012


Por Lic. Carlos A. Guzman*

Normalmente nos quejamos de la corrupción judicial, de la ineficiente lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, de las huelgas de los sindicalistas, y en general, de que la justicia es un privilegio de pocos en lugar de ser un servicio para todos los ciudadanos. Entonces, este es el momento para transformar estos reclamos en acciones propositivas, puesto que estamos a la puertas de las elecciones judiciales.

A partir de 1997, cada 3 años se eligen 5 abogados por un período de 9 años para que sean magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y en 2012 corresponden nuevas elecciones. El proceso de elección es una novedad teórica latinoamericana que combina la participación ciudadana con la excelencia profesional. Se encuentra conformado por 3 grandes etapas: a) votación popular: los abogados están llamados a votar para elegir a 15 candidatos, propuestos por asociaciones de abogados; b) selección del Consejo Nacional de la Judicatura de 15 candidatos; y c) elección por la Asamblea Legislativa de cinco magistrados titulares y cinco suplentes, en base a los 30 candidatos propuestos.

La votación popular se encuentra limitada a los abogados, quienes son los únicos habilitados para votar por los candidatos a magistrados. De manera que, el primer paso para contar con magistrados honestos, capaces e independientes es evaluar a los 43 abogados propuestos por las asociaciones de abogados y el 11 de febrero, ir a votar (en el caso de los abogados) o invitar a los amigos abogados (en el caso del resto de personas) por aquellos que reúnan estos requisitos y lo hayan demostrado a lo largo de su carrera profesional y académica.

Cabe destacar que existen varios estudios que señalan las virtudes y defectos de este proceso, uno de ellos es el “Estudio del proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, y como buena señalar, algunas de estas recomendaciones han sido retomadas por la Asamblea Legislativa, mediante la reforma transitoria a la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura que generará mayor transparencia en la votación popular; sin embargo, quedan muchas más reformas pendientes: realizar entrevistas públicas de los candidatos, permitir la participación de la sociedad civil, entre otras. Precisamente, sobre esto último, se ha conformado la “Red para la Independencia Judicial”, conformada por FUSADES, CREO, ADESA, ANEP y varias universidades, entre otras organizaciones de la sociedad civil, para promover conciencia sobre la importancia de garantizar la elección de magistrados intachables, idóneos, independientes y capaces.

Los retos son grandes y existen numerosas variables desfavorables entorno a este proceso de elección de magistrados (la peligrosa tendencia de los partidos políticos y grupos de interés lícitos e ilícitos de cooptar candidatos, y las experiencias negativas de nepotismo y corrupción); sin embargo, existen herramientas para que los ciudadanos ejerzamos un rol de auditoría social y para incentivar a todos los profesionales del derecho a que se participe activamente en las elecciones del 11 de febrero de 2012 mediante el voto razonado y debidamente justificado para elegir magistrados que reúnan plenamente los requisitos morales y constitucionales. Entonces, si deseas mejores jueces no te quedes sentado e infórmate a través de las noticias o sitios web como www.observatoriojudicial.org, demanda a tus diputados la elección de mejores jueces e involúcrate en la vida nacional.

* Presidente de ADESA 2011-2012. Publicado en La Prensa Gráfica, edición 22 de enero de 2012.

martes, 20 de diciembre de 2011

RED PARA LA INDEPENDENCIA JUDICIAL



CONSIDERANDO: 
  1. Que el artículo 1 de la Constitución establece la justicia como valor supremo, cuya consecución debe garantizar el Estado.
  2. Que la administración de justicia corresponde al Órgano Judicial, cuyo funcionamiento debe caracterizarse por la imparcialidad y la independencia.
  3. Que Corte Suprema de Justicia, máxima judicatura del país debe ser baluarte de la integridad y de la capacidad de sus integrantes, insignia de lo más noble y valioso que la los profesionales del derecho puedan ofrecer.
  4. Que en 2012, se renovarán 5 de los 15 magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia, incluyendo a su Presidente.
  5. Que en un sistema democrático como el nuestro, la ciudadanía tiene el derecho de exigir a sus representantes que cumplan con el mandato que les ha sido encomendado, y de participar en actividades de veeduría, y monitoreo de la función pública.


DECLARAMOS:

  1. Constituir la Red por la Independencia Judicial, como un esfuerzo de la sociedad civil, interesada en que el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia se realice con la mayor transparencia y con estricto apego a los postulados constitucionales.
  2. Que nuestros objetivos serán promover acciones que generen conciencia en la ciudadanía, gremio de abogados, Consejo Nacional de la Judicatura y Asamblea Legislativa, sobre la importancia de garantizar la elección de candidatos intachables, idóneos, alejados de cualquier interés que no sea el sometimiento a la Constitución y a las leyes, que coadyuven a tener una Corte Suprema de Justicia técnica e independiente.

EXHORTAMOS:

    1. A los profesionales del derecho, para que tengan una participación activa en este proceso, haciendo valer su voto en las elecciones que organizará la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador, FEDAES, en febrero de 2012. 
    2. Al Consejo Nacional de la Judicatura, para que la propuesta de candidatos que remita la Asamblea Legislativa, se elabore en forma transparente sobre la base de la capacidad e idoneidad.
    3. A la Asamblea Legislativa, para que en forma transparente nombre a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tomando en cuenta los criterios de capacidad, idoneidad e independencia partidaria. 

San Salvador, 16 de diciembre de 2011.


ADESA es miembro de la Red para la Independencia Judicial, junto a:



Comunicado publicado el 16 de diciembre de 2011 en las ediciones de La Prensa Gráfica pág. 86, El Diario de Hoy pág. 90, y Diario El Mundo pág. 13.

lunes, 19 de diciembre de 2011

¿Por qué es importante un Código de Ética Profesional del Abogado?


Colaboración de Carmina de Villamariona.
Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Escuela Superior de Economía y Negocios, y miembro de la Asociación Salvadoreña Derecho y Desarrollo (ADESA).

La Fundación Lidera  presentó públicamente el “Código de Ética del Abogado” el pasado 5 de octubre de 2011. Esta organización nació en junio de 2008con el objetivo de promover la formación y actuación ética de los profesionales del derecho y optó por emitir este código que si bien no es coercitivo, busca ser un instrumento pedagógico, de desarrollo profesional y de autorregulación.

El Código de Ética del Abogado establece principios rectores de la conducta del abogado tales como la honradez, la independencia, diligencia, secreto profesional, entre otros. Asimismo, regula  los deberes del Abogado tanto frente a la sociedady las autoridades jurisdiccionales y administrativas, como  respecto a su cliente y frente a otros abogados. De esta manera, el Código responde a “la visión de la abogacía como institución social esencial para mantener el orden democrático de la sociedad y la abogacía como medio de vida profesional” (Lidera, 2011).

En las palabras de presentación del Código,  la fundación hace una invitación a la asociaciones de abogados, universidades y a los profesionales del derecho a adherirse al cumplimiento del mismo.En este sentido, el código tiene el potencial de convertirse en una herramienta de enseñanza de la ética entre estudiantes de derecho si el mismo es retomado por las universidades del país. De igual manera ofrece una guía de comportamiento para el ejercicio profesional de cada día que de ser retomada por diversas instituciones, inclusive bufetes de abogados, puede incidir en un cambio actitudinal de los abogados y un cambio en la percepción del abogado en nuestra sociedad.

La ética profesional ha sido intrínseca para la abogacía, sobre todo considerando que el rol del abogado se debe a la consecución de la justicia. La abogacía se convirtió en profesión cuando el emperador Justiniano fundó el primer colegio de abogados, al obligar a aquellos que fueran abogar al foro se registraran y cumplieran con una serie de requisitos, muchos de los cuáles tiene que ver precisamente con la conducta ética de los abogados: acreditar la buena reputación,  abogar sin falsedad, no abandonar la defensa de una persona una vez aceptada, entre otras (Díaz, 2000).

Debe volverse a los orígenes de la profesión y poner al centro el actuar ético. Como decía Ulpiano en el Libro Primero del Digesto “conviene que el que haya de estudiar el derecho, conozca primero de donde proviene la palabra ius (derecho). Llamase así de iustitia (justicia): porque, según lo define elegantemente Celso, es el arte de lo bueno y equitativo” (Parma, 2000).

Entonces, ¿por qué es importante el Código de Ética del Abogado? Porque establece un modelo del correcto actuar del abogado salvadoreño apegado a los principios de justicia. El Código aterriza cuestiones de la ética que son más o menos abstractas y las adecúa a la práctica profesional cotidiana.  Por ejemplo, el Código aplica un principio de lealtad al cliente a situaciones particulares, el art. 6 letra l establece: “Cuando se represente a una sociedad, fundación, asociación o entidad sin fines delucro, deberá completa lealtad a la persona jurídica y no a sus socios, directores, ejecutivos, asociados, empleados o accionistas y solamente puede representar los intereses de dichas personas cuando los mismos no entren en conflicto con los de dichas entidades”.

El estado actual de la ética de las profesiones del derecho en nuestro país dista mucho del ideal de Ulpiano.  Según un reportaje periodístico, actualmente existen alrededor de 700 casos de denuncias en contra de jueces, de los cuales 10% de los casos se refieren a actos de corrupción (Carías, 2011). Asimismo, para junio de 2011 se tramitaban 3,841 denuncias contra abogados ante la Corte Suprema de Justicia, la mayoría por casos de fraude (Ávalos, 2011). Lo más alarmante es que estas denuncias se tramitan con poca diligencia y algunos casos llevan más de una década sin resolución, lo que ha generado señalamientos de que no se ha podido avanzar en la tramitación de denuncias de corrupción contra jueces porque dentro de la misma Corte Suprema de Justicia, existen magistrados que buscan proteger a los jueces denunciados (Carías, 2011), por tal motivo, precisa asegurar efectivamente que los magistrados sean profesionales de “moralidad y competencias notorias”, tal como lo exige la Constitución.

Dado que las instituciones legales vigentes tienen tan poca eficacia, ¿qué nos hace pensar que una iniciativa de autorregulación puede tener resultados positivos? La conducta humana puede estar motivada por factores exógenos o endógenos. Los castigos o premios, son factores exógenos que pueden moldear la conducta de un individuo. Por otra parte, las convicciones, más o menos racionales de un individuo son factores endógenos que motivan la conducta humana, muchas veces de manera más certera que las motivaciones externas. En nuestro caso, el sistema de investigación profesional de abogados y jueces, regido por la Corte Suprema de Justicia no está brindando adecuadamente las sanciones ante conductas ilícitas y opuestas a la ética profesional; por tanto, falla el sistema que distribuye las recompensas o castigos correspondientes y no hay motivaciones exógenas para un actuar ético.

Ante esta realidad, es necesaria una reforma institucional que corrija las deficiencias de la supervisión de las profesiones jurídicas. Sin embargo, paralelamente, es fundamental la promoción del conocimiento y práctica de la ética profesional de la abogacía. La revolución ética de las profesiones jurídicas debe comenzar con una evolución del pensamiento de los individuos que se dedican a procurar la justicia.  El Código de Ética del Abogado es una contribución que nos permite avanzar hacia esa meta.


Bibliografía


Ávalos, J. (6 de Octubre de 2011). Presentan Código de ética para abogados. Recuperado el 24 de Octubre de 2011, de La Prensa Gráfica: http://www.laprensa.com.sv/el-salvador/judicial/222112-presentan-codigo-de-etica-para-abogados.html
Carías, P. (24 de Octubre de 2011). FMLN y Arena quieren dar en exclusiva a Sala Constitucional el poder de depurar jueces. Recuperado el 24 de Octubre de 2011, de El Faro: http://www.elfaro.net/es/201110/noticias/6292/
Díaz, F. J. (2000). Ética y deontología jurídica. Madrid: Dykinson.
Lidera, F. (2011). Código de Ética del Abogado. San Salvador: Fundación Libera y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) .
Parma, M. F. (2000). Vademécum de ética jurídica. Cuyo, Argentina: Ediciones Jurídicas Cuyo.


jueves, 15 de diciembre de 2011

2012: El Gran Desafío

Por Lic. Carlos A. Guzman*

Durante 2012 ocurrirán dos eventos electorales relevantes para el destino de nuestro país: el 11 de febrero, elecciones de jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y el 11 de marzo, de diputados y concejos municipales. Respeto a esta última, nuestro reto como ciudadanos es auditar a los candidatos y exigirles debates públicos de sus propuestas y corrientes ideológicas en las universidades, gremiales, parques, plazas, iglesias o cualquier lugar de acceso público, y además, debemos incentivar a nuestros amigos a ejercer su voto y promover a personas independientes, trabajadoras y honestas que han tomado el enorme desafío de participar en estos procesos electorales.




Todos deseamos vivir en un mejor país, donde tengamos seguridad para trabajar y disfrutar de la vida al lado de nuestros seres queridos; y para eso, entre otros elementos, necesitamos a personas capaces en la Asamblea Legislativa para que aprueben leyes adecuadas y jueces valientes en la CSJ para que proporcionen una pronta y cumplida justicia. Para lograr esto no basta que los ciudadanos conozcamos y exijamos nuestros derechos o que nos quejemos de la incompetencia de los funcionarios públicos, ni que existan candidatos ideales y capaces; sino que es urgente la perfecta armonía entre excelentes candidatos y ciudadanos responsables, es decir, la renovación política y judicial necesita contar con dos elementos: 1) personas dispuestas a trabajar al servicio del país y, 2) ciudadanos responsables que les apoyen.


Ahora bien, en general, más allá de la obligación de contar con cierta edad y el goce de los derechos políticos, los requisitos que debemos exigir con especial atención a los candidatos a diputados son la “notoria honradez e instrucción”. Obviamente, el significado de estos conceptos es una tarea compleja y con variadas interpretaciones, ahora bien, ¿qué sucede si nos conformamos con un perfil mínimo de honradez e instrucción? Es muy probable que tengamos candidatos con dudosas cualidades, tal como hemos observado en recientes debates por televisión, o peor aún, que sigamos con diputados irresponsables que asisten a la Asamblea bajo los efectos de bebidas embriagantes, que aprueban un decreto 743 para limitar la independencia de los jueces, o que se oponen a la reforma electoral; y ¿qué sucede si establecemos un perfil superior de honradez e instrucción? Pues incrementarían las posibilidades de contar con diputados trabajadores e intachables. En igual sentido para el caso de los alcaldes y concejos municipales.


Se evidencia la imperiosa necesidad de exigir candidatos con la mayor honradez e instrucción posible, a través de una constante exigencia ciudadana que promueva a los mejores candidatos y castigue a los peores. Las nuevas reglas electorales para elegir a los diputados en 2012 nos otorgan por primera vez la libertad de marcar la diferencia y elegir a las mejores personas mediante el voto, y de esa forma, es la ocasión ideal para iniciar la renovación política anhelada desde hace varios años.


No nos conformemos ni seamos cínicos, ya que ahora depende de nuestras acciones ciudadanas demostrar que realmente deseamos esta libertad y no queremos seguir siendo controlados por las cúpulas partidarias; por tanto, es indispensable que apoyemos a los candidatos valientes y trabajadores.

* Presidente de ADESA 2011-2012. Publicado en La Prensa Gráfica, edición 11 de diciembre de 2011.