Por Lic. Oscar A. Pineda*
Recientemente leí algunas caracterizaciones culturales de los salvadoreños. En “La Cultura del Diablo” de José Humberto Velásquez se dice que somos atenidos y machistas; mientras que Ignacio Martín Baró habló de “valeverguismo”. Quizá necesitemos entonces caracteres culturales alternativos.
El cambio de titular en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública ha aumentado las opiniones sobre el tema de inseguridad. Se ha discutido la disyuntiva entre un militar retirado o un civil para el cargo y se ha meditado si es posible o no progresos significativos en esta materia.
Sobre lo primero, la discusión no es relevante en abstracto, sino en cuanto a la idoneidad y vocación democrática de la persona, lo cual puede estar presente en un militar y faltar a un civil o viceversa. En cuanto a la disyuntiva de si es posible mejorar la situación de inseguridad, estimo que no depende del carácter civil o militar del titular de Seguridad, sino de múltiples factores, de los cuales quiero referirme en esta opinión a la cultura de legalidad.
El funcionamiento civilizado, o por lo menos estructurado de la sociedad, depende de la existencia de normas jurídicas que regulen las conductas de los individuos que la integran; sin embargo, la utilidad de estas reglas no viene de su existencia, sino de su acatamiento voluntario por la población y de la capacidad del Estado de obligar su cumplimiento.
Por regla general, los comentarios sobre seguridad enfatizan el segundo elemento: el Estado no hace cumplir la ley; sin embargo, el primero –el acatamiento voluntario de la ley– me parece más importante, tanto que, si se cumpliera a plenitud, fuese innecesario el segundo. Eso es utópico porque siempre habrá alguien que irrespete las normas, pero quienes lo hagan deberían ser la excepción y el resto de la población no debería tolerar esa conducta.
Es indispensable que la gran mayoría de la población interiorice las normas como un instrumento para su autorrealización, y que tenga la conciencia individual de contribuir a un todo social armonioso del que es parte. De no ser así, no habrá sociedad que se sostenga, pues no habrá un Estado tan grande como para que cada norma se aplique por la fuerza a cada persona.
En definitiva, se requiere la adopción de un patrón cultural, de una norma metajurídica: La ley debe respetarse porque eso será beneficioso para todos.
El Informe Latinobarómetro 2011 encontró que el 44% de los salvadoreños encuestados piensa que sus compatriotas respetan mucho o bastante la ley. Imaginemos que nos apegáramos tanto a las normas, que ese porcentaje hubiese sido 90%. Seguramente sería más sencillo para el Estado aplicar la ley.
Forjar un patrón cultural no es fácil y requerirá la ruptura de un círculo vicioso de tolerancia a la ilegalidad, así como de esfuerzos educativos sin resultados inmediatos.
El incremento de la legitimidad de las leyes, la educación profunda y constante en temas de convivencia social de los estudiantes desde la más temprana edad y programas para crear conciencia a los adultos sobre la importancia del respeto a la ley pueden ser medidas que progresivamente llevarían a El Salvador a sustituir la cultura del diablo por una cultura de legalidad.
La seguridad ciudadana sería uno de los temas con mejoras importantes al avanzar en ese sentido.
* Miembro de ADESA. Publicado en La Prensa Gráfica, edición 4 de diciembre de 2011. Correo electrónico: oscar.pinedarivas@hotmail.com
