La Justicia en Huelga

El lunes 17 de enero de 2011, diferentes sindicatos y asociaciones de empleados del Órgano Judicial dieron inicio a una huelga general que ha sembrado el caos en todo el sistema de justicia. El motivo parece ser muy simple: un aumento de $300.00 para todos los empleados, lo que equivale a un desembolso de $39 millones anuales.

Las raíces de este conflicto se remontan un año atrás, cuando los sindicatos comenzaron con sus peticiones. En diciembre de 2010 alrededor de 200 abogados empleados del Órgano Judicial marcharon hasta las puertas de la CSJ exigiendo ser oídos por la Corte en pleno. Su acción fue menospreciada y ahora el país sufre las consecuencias.

Resulta bastante difícil pronunciarse sobre el fondo de un conflicto que se ha desarrollado al interior del Órgano Judicial y cuyas características no son percibidas con claridad en el exterior. Sin embargo, si podemos opinar sobre las acciones adoptadas por los sindicalistas: las repudiamos. De más está entrar a hacer un recuento de las audiencias suspendidas, de los presuntos criminales liberados y de los cadáveres que hoy colman las morgues de los hospitales públicos. Las estadísticas las encontramos en los periódicos.

Lo cierto es que se ha puesto en peligro a toda la población al privarle de contar con un sistema de justica que juzgue y haga ejecutar lo juzgado, es decir, que cumpla su rol constitucional. De igual forma, nos identificamos con el dolor de las familias de todos aquellos fallecidos cuyos cadáveres continúan siendo victimizados.

Consideramos que el aumento salarial pretendido por los sindicalistas debe ser analizado detenidamente y desde la perspectiva de los meritos personales y no como una imposición de carácter general para todos los empleados del sistema judicial. Es conveniente tener como base de discusión si el aumento salarial pretendido y la modalidad de implementación propuesta, ayuda a promover el desarrollo de capacidades técnicas o de conocimientos judiciales en los empleados del Órgano Judicial que permitan a la Corte Suprema de Justicia cumplir de forma más eficiente con sus funciones. De lo contrario, el aumento salarial únicamente incentivará la mediocridad y negligencia dentro de la administración judicial.

Estamos convencidos que la crisis institucional que atraviesa el Órgano Judicial obedece a una compleja serie de situaciones, dentro de las que se incluye problemas de liderazgo en su dirección, por lo que la adecuada toma de decisiones administrativas y financieras en materia de gestión del recurso humano, puede convertirse en el primer escalón para una reforma integral del sistema judicial salvadoreño.

Es necesario entonces que ambas partes adopten una postura más sincera para dar un paso hacia la búsqueda de una solución consensuada, y cada parte acepte las responsabilidades legales y morales de sus acciones.

A los señores sindicalistas: depongan su huelga y las acciones violentas. El servicio que prestan al país es esencial en la búsqueda del ideal de justicia.

A los señores magistrados: siéntense a negociar. Escuchen a su contraparte y vean en ellos, no a sus enemigos, sino a sus aliados para impartir justicia en este país.

Ley de Acceso a la Información Pública en El Salvador

En la Sesión Plenaria de la Asamblea Legislativa del pasado jueves 2 de diciembre de 2010, a las 21:37 horas se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública con 55 votos: 35 del FMLN, 19 de Arena y 1 de CD. Ahora queda pendiente la sanción del Presidente de la República quien ya está comprometido con el tema, debido al esfuerzo realizado y apoyo brindado por la Subsecretaria de Transparencia y Anticorrupción.

Por el contrario, el resto de partidos, representados en la Asamblea Legislativa, intentaron durante la Sesión Plenaria que el proyecto de ley regresara a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en la cual había estado bajo estudio desde junio de 2009. Los argumentos fueron diversos, que no se había consultado a otras instituciones, que era defectuosa y que se consideraba una iniciativa “neoliberal” por propugnar la eficiencia del Estado.

En cuanto a lo primero, estaba equivocado el diputado que lo mencionó, puesto que se habían realizado 2 consultas en el proceso de elaboración de la ley. La primera, por parte de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES, y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, IIDC, en junio de 2008, cuando redactaron uno de los anteproyectos que sirvieron de base para la ley. La segunda, por parte del Ejecutivo, gestionada por su Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción en marzo de 2010, tuvo lugar después de que la mencionada propuesta de la sociedad civil se fusionara con la presentada por el partido FMLN en la Comisión de Legislación.

Si bien es cierto que hay imperfecciones en la ley, como las hay en toda obra del hombre, no ha sido señalada una que merezca continuar una discusión de más de año y medio. Además, no es del todo claro por qué se han esperado estos diputados hasta este momento para señalarlo, habiendo tenido oportunidad de hacerlo en las reuniones de la Comisión. En todo caso, se pueden hacer modificaciones en el camino, siempre y cuando sean para mejorar la ley aprobada dando mayores garantías de transparencia a la población.

Hay un ataque a la ley que ha sido ventilado ampliamente en los medios. Se alega que la ley permitirá el acceso a información privada, particularmente de naturaleza tributaria, por parte de terceros. Esto es falso. La ley expresamente señala que esta precisamente es una de las limitadas causales que impide el acceso a la información, por considerarse la misma de naturaleza confidencial. Como solución a este problema inexistente se ha sugerido limitar el ámbito del derecho de acceso a la información a aquella que se refiera al ejercicio de una función pública o al gasto público. Esto, además de innecesario, iría en contra del principio básico de la Ley de Acceso a la Información Pública, que es el de máxima publicidad, es decir, que la información en poder del Estado es en principio pública, por regla general y, en sentido contrario, el secreto es la excepción.

Es precisamente este principio de in dubio pro publicidad que constituye una reforma trascendental al funcionamiento del Estado salvadoreño, que contribuirá a la consolidación de la democracia y Estado de Derecho. ADESA reconoce que hay riesgo de que la ley sea letra muerta, o no cumpla sus objetivos, como ha pasado en otras ocasiones, sin embargo, el éxito de esta ley dependerá de que los ciudadanos la usemos, que  empoderados con el derecho fundamental de acceso a la información pública hagamos valer nuestros derechos y hagamos un control ciudadano de lo público, que es de todos.

Derecho y Desarrollo

ADESA surge como una iniciativa gremial de abogados salvadoreños comprometidos con el fortalecimiento profesional y académico, así como con la consolidación del Estado de Derecho en El Salvador, y pretende aportar al ideal de la convivencia nacional establecido en la Constitución, con base en el respeto a la dignidad de la persona humana, en la construcción de una sociedad más justa, esencia de la democracia y al espíritu de libertad y justicia.

Desde diferentes espacios, ADESA desea contribuir apoyando el proceso de consolidación democrática, el desarrollo sostenible y el respeto a las libertades de los ciudadanos, a través de un impulso decidido al fortalecimiento del Estado de Derecho. Asimismo, como juristas reconocemos que el Derecho no solo nace en la norma legal, sino que se nutre de la realidad y cada día se ve más influenciado por otras ramas del conocimiento. El derecho no es un fin en sí mismo, por lo que su interpretación y aplicación debe efectuarse en la realidad y al lado del resto de ciencias, para adquirir sentido y apoyar la solución de los problemas de la vida cotidiana.

Durante mucho tiempo, el Derecho ha sido comprendido como un montón de conocimientos revueltos, científicamente sospechosos y literariamente raquíticos, pero cuya memorización, sin necesidad de comprensión ni de raciocinio propio, habilita para obtener un título académico y luego, ganarse la vida.[1] Por tanto, es necesario apartarse y tomar una nueva postura, enmarcada en una ética profesional, que busque por sobre todo la justicia y el progreso de la sociedad.

Así pues, la globalización, la democracia y la revolución tecnológica, entre otros, son retos para nuestro país, y ante tal panorama, todos debemos contribuir a la construir de una sociedad que permita a sus ciudadanos la búsqueda de su felicidad. Dentro de este espíritu, y en el marco de sus actuaciones, ADESA trabajará enfocada en el desarrollo de este ideal social a través del Derecho.

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[1] Alejandro Nieto. http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/doctores_honoris_causa/1994_1996/discurso_alejandro_nieto_garcia