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lunes, 13 de junio de 2011

De inaplicabilidades, Arbitrajes y algo más…

Por: Lic. Herman Duarte[1].
En el año 2009  la ley de Medicación,  Conciliación y Arbitraje sufrió reformas que además de hacer gala de una pésima técnica legislativa, denotan un claro desconocimiento en la materia, y por si no fuera suficiente, en una de las modificaciones se agrega el recurso de apelación (art.66-A) para los arbitrajes de derecho, adición que además de ir contra corriente (en comparación con el resto del mundo) es una reforma  notoriamente inconstitucional.   
El Constituyente otorgó a los Tribunales del Órgano Judicial, la facultad  de inaplicar las disposiciones que consideren inconstitucionales. Dicho señorío viene a ser un claro reflejo del principio de independencia judicial y del sistema de pesos y contrapesos de un Estado Constitucional de Derecho. La legislación secundaria, que para el caso concreto se trata de la ley de procedimientos constitucionales,  establece que una vez se ha declarado inaplicable una disposición, el tribunal que hace uso de dicha facultad, deberá informar a la máxima autoridad en materia Constitucional, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para que emita sentencia sobre la misma.
En Julio 2010, la Cámara Primera  de lo Civil de la primera Sección del Centro, en dos resoluciones (1-APL-2010 /2-APL-2010) demostrando un entendimiento de la materia y reflejando un enfoque pro arbitral, declaró  inaplicable dicha reforma. Con la habilitación del recurso de apelación se estaría privando del derecho de las personas a terminar los asuntos civiles y mercantiles por la vía del arbitraje (Art.23 Cn), ya que se estaría facultando a los tribunales la revisión de los asuntos que ya han sido decididos por los árbitros. En adición a los informes enviados por la Cámara Primera al máximo tribunal, otro ciudadano ha entablado un proceso de inconstitucionalidad (Inc.11-2010) sobre esas reformas que aún no ha llegado a sentencia.   
Un sistema de Resolución Alterna de Conflictos(RAC) solido es vital para toda sociedad, ya que además de liberar de carga a los tribunales, se logra hacer justicia de forma expedita, y en fin, vuelve a la sociedad más libre, al brindar a los ciudadanos alternativas reales para resolver sus divergencias.  Para ello, así como  se necesita tener un terreno fértil para producir buenas cosechas, se necesita de un marco legal moderno, estable, y que incentive el uso de la Institución del Arbitraje.
Aquellos actores involucrados con la institución del arbitraje tenemos la obligación de promover la cultura arbitral, en el cual además de explicar la importancia de los métodos RAC en una sociedad, se genere confianza en la institución, al explicar que los árbitros no son mandatarios, agentes, y mucho menos abogados defensores de las partes que los nominan, sino que son personas que deben actuar de manera neutral, objetiva e imparcial a la hora de resolver una controversia.  
Se vuelve relevante en estos momentos, que la Honorable Sala de lo Inconstitucional, vuelva a  inaplicar el muy comentado horrendo 743, perdón, quise decir decreto 743, y sentencie la Inconstitucionalidad de dichas reformas. No cabe duda que tras la declaratoria se  estará regenerando un daño causado a una institución de vital importancia para una sociedad: El arbitraje.    


[1] Colaboración para La Prensa Gráfica, edición 12 de junio de 2011. El autor es abogado graduado de la Escuela Superior de Economía y Negocios; LLM Arbitraje Internacional Comercial de la Universidad de Estocolmo. Para contactar al autor sírvase visitar www.hermandi.com


Valor público, apoyo político y crisis institucional

Por: Carlos Roberto Sánchez[1]

Las entidades estatales de cualquier tipo, a diferencia de los entes privados, para cumplir a cabalidad su fin deben obtener apoyo político y crear valor público. El apoyo político se define como el balance favorable entre apoyo y oposición a la entidad por parte de los actores que hacen parte de su ambiente autorizante, es decir, por aquellos con capacidad de acción sobre la institución y por parte de quienes tienen influencia sobre esos actores (J. S. Ramírez, 2009); el valor público es la justificación de su existencia, el bienestar que causa dicha institución a la sociedad en general, a diferencia del valor privado que deben generar las instituciones de carácter privado, que busca la satisfacción de intereses particulares. Desde esta perspectiva, cualquier institución pública que desee tener éxito en un período dado debe crear valor público, pues es la justificación de su existencia, y generar apoyo político dentro de su ambiente autorizante, que es lo que garantiza su viabilidad en el tiempo.

Desde un análisis eminentemente político y tomando como base teórica los elementos expuestos anteriormente, podemos entender lo que ha ocurrido en la interacción conflictiva entre la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa, como entidad básica del ambiente autorizante de prácticamente todos las instituciones estatales. Sin entrar a juicios valorativos, se puede afirmar que las resoluciones de la Sala han socavado muy profundamente ese balance apoyo oposición, habiendo impactado fuertemente al sistema electoral y de partidos, los cuales son factores que afectan de manera inmediata a los actores dentro de Órgano Legislativo. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente del valor público que pueda generarse en las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, el apoyo político de su ambiente autorizante se ha visto afectado y podría limitar su efectividad en cualquier momento.

Al momento de escribir este artículo, existen posiciones dentro de la Asamblea Legislativa que promueven regresar a su estado original al artículo 14 de la Ley Orgánica Judicial, reformado por el Decreto Legislativo 743. Dicha iniciativa, de materializarse dentro de la Asamblea Legislativa, no cabe duda que solventaría la actual controversia relacionada con la emisión de dicho decreto y con la misma inaplicabilidad resuelta por la Sala de lo Constitucional.

No obstante lo antes apuntado, considero que el problema institucional al que nos enfrentamos rebasa el tema jurídico y no se solventa de fondo solamente con la modificación del decreto. Lo que existe aquí es solo el síntoma de un problema de índole político, aunque con un extenso componente jurídico, entre un ente público y un importante sector de su ambiente autorizante; por lo que es tan necesario como urgente un diálogo abierto y franco entre los actores públicos involucrados, pues de lo contrario, aun cuando se reforme el artículo en cuestión, los conflictos volverán a surgir, tarde o temprano, lesionando más la institucionalidad y gobernabilidad que, aunque incipientes, tan difíciles han sido de construir en nuestro país.

Desde esta perspectiva, independientemente de los resultados respecto al Decreto 743, el capítulo no debe darse por cerrado con una solución simplemente jurídica, pues a la base existe toda una serie de implicaciones, que de no solventarse, volverán a someter a la sociedad salvadoreña a una crisis de instituciones indeseable desde todo punto de vista. Aún hay tiempo.


[1] Colaboración para la Prensa Gráfica, edición de 12 de junio de 2011. El autor es Abogado graduado de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN) y Master in Business Administration del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE). Comentarios: croberto.sanchez@hotmail.com

lunes, 6 de junio de 2011

ATENTADO A LA INSTITUCIONALIDAD Y AL ESTADO DE DERECHO

El día 2 de junio de 2011, mediante modificación de la agenda de la sesión plenaria y con dispensa de trámites, la Asamblea Legislativa aprobó el Decreto No. 743 con reformas a la Ley Orgánica Judicial, con los votos de varios diputados de los partidos ARENA, PCN, PDC y GANA; y, ese mismo día, el Presidente de la República sancionó dicho Decreto y ordenó su inmediata publicación.

Esta reforma modifica temporalmente, desde la entrada en vigencia del Decreto y hasta el 31 de julio de 2012, lo siguiente: el régimen de suplencia de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional, y el quórum de decisión de este tribunal, exigiendo que todas sus decisiones sean por unanimidad. Cabe destacar que el período de vigencia de la reforma, coincide con la fecha en la que se iniciará un nuevo período en la Corte Suprema de Justicia, pues son electos nuevos magistrados que sustituirán a un tercio de los actuales, dentro de ellos, un Magistrado de la Sala de lo Constitucional.

 Más allá de los errores ortográficos (como la incorporación de la palabra “Repúbuca”),  conceptuales y de las actuaciones sospechosamente eficientes en el proceso de formación de esta ley, son preocupantes los efectos sustantivos en el funcionamiento de dicha Sala.

 La Sala está conformada por 5 Magistrados, y para pronunciar sentencias en los procesos de inconstitucionalidad de leyes, decretos o reglamentos, o en las controversias entre la Asamblea Legislativa y el Órgano Ejecutivo dentro del proceso de formación de las leyes, la Ley Orgánica Judicial exige cuatro votos conformes. El Decreto No 743 modifica esto último, exigiendo cinco votos, es decir, la unanimidad de las decisiones en los casos antes mencionados, lo que otorga más valor al voto minoritario, aunque sea poco o nada fundamentado, abriendo las puertas a la corrupción y el tráfico de influencias.

El Decreto vuelve imposible el funcionamiento del tribunal colegiado, debido a que su misma conformación se inspira en el mandato constitucional de representar las más relevantes corrientes del pensamiento jurídico; por tanto, la uniformidad de pensamiento sobre asuntos jurídicos relevantes está fuera de lugar en la Sala de lo Constitucional. Esta regla existe con el objeto de garantizar un amplio conjunto de opciones jurídicas que orienten el rumbo del país, en lugar de una invalidez institucional y jurídica a que pueda llevar este Decreto. Esto es como si se exigiera que la Asamblea Legislativa, conformada por diputados pertenecientes a partidos políticos de diversas ideologías, debiera tomar decisiones por unanimidad y no por mayoría.

Ante este verdadero abuso del poder, hacemos las siguientes consideraciones:
  • Invitamos a toda la sociedad civil y en especial a las Universidades y asociaciones de estudiantes, para que se pronuncien y actúen en defensa de la constitucionalidad, la institucionalidad y la independencia del Órgano Judicial.
  • Proponemos la utilización de los mecanismos legales, nacionales e internacionales, que reviertan esta afrenta a la institucionalidad, ya sea: una iniciativa de derogatoria del Decreto, una demanda de inconstitucionalidad o la declaración de la inaplicabilidad de la norma por ser contraria a los preceptos constitucionales, e incluso la interposición de una denuncia basada en la Carta Democrática Interamericana.