Páginas

domingo, 10 de julio de 2011

La concesión del puerto: ¿un tema de país?


Por: Lic. Karla Fratti de Vega*

Hemos escuchado en más de una ocasión la locución “tema de país”, como una manera de resaltar que el asunto que se va a abordar es de trascendencia nacional, o incluso como una “sombrilla” o cobertura para amparar al interlocutor en una postura apolítica o, al menos, ajena a intereses propios. Más allá del uso –o en ocasiones abuso del término– al analizar la postergada concesión del puerto de La Unión aparecen todos los elementos para categorizar el asunto como un tema que interesa y afecta al país de manera general.

Como es sabido, las acciones tendientes a consolidar el funcionamiento del puerto quedaron estancadas en el año 2009, al truncarse la aprobación de un proyecto de ley que contenía las condiciones para la concesión bajo la modalidad de explotación conjunta por el Estado y un operador internacional. Hoy día se cuenta con un nuevo proyecto de decreto, ya en manos de la Asamblea Legislativa, en el que se adopta el llamado modelo landlord, bajo el cual el Estado mantiene la propiedad de los activos (infraestructura, incluyendo tierra y accesos) pero entrega la operación, vía concesión, a un operador privado para que desarrolle el negocio, a fin de consolidar al país como Centro de Distribución y Logística para Centroamérica. 

Con este esfuerzo se pretende concretizar el inicio de operaciones y funcionamiento del puerto, con facilidades especializadas para el manejo de contenedores, posicionando a El Salvador como un importante operador portuario de la región e insertándonos de manera competitiva en el flujo internacional de comercio e inversión.

Analizando el tema al margen de posturas ideológicas o intereses sectoriales, es innegable que contamos con una ventaja de ubicación geográfica estratégica, con los activos, una infraestructura portuaria moderna y un proyecto de decreto legislativo que permitiría iniciar el proceso de selección del contratista para poner en marcha las operaciones: es impostergable dar el siguiente paso.

Más allá de la típica premisa de Stephen Covey, la concreción de este proyecto representaría un ganar-ganar-ganar desde la siguiente perspectiva tripartita de beneficios: ganaría la economía del país, con la creación de un polo de desarrollo sostenible, que permitiría su dinamización; ganaría la población, con la generación de importantes oportunidades de empleo y mejora de las condiciones de vida de los habitantes de las zonas; ganaría el Estado, posicionándose como generador de inversión, consolidando su rol de facilitador, regulador y supervisor de las actividades marítimo portuarias, logrando un incremento de ingresos y afrontando los compromisos financieros adquiridos para la construcción.

El tema no puede dilatarse, ya que se ha vencido el periodo de gracia del préstamo contraído con Japón.

Naturalmente, el éxito del proyecto pasa por la correcta selección de un operador de clase mundial, que cuente con conocimientos, solidez financiera, recursos y experiencia técnica en el manejo y administración de puertos. Todo ello requiere de un transparente y bien estructurado proceso de selección del contratista, coordinación entre las entidades gubernamentales involucradas, un correcto establecimiento de una tarifa competitiva, entre otros factores.

Pero es necesario consolidar el primer paso con la aprobación del decreto que se encuentra en manos de la Asamblea Legislativa. Creo firmemente que su pronta aprobación sí constituye, más allá de lo trillado o sensible del término, un tema de país.

*Colaboración para la Prensa Gráfica, edición 10 de julio de 2011.

lunes, 27 de junio de 2011

Extremismo para con el decreto 743


Por: Lic. Oscar A. Pineda*

He escuchado algún comentario disperso diciendo que el hecho de que dos poderes del Estado se confabulen para decretar la anulación de la justicia constitucional mediante la exigencia de unanimidad para resolver un caso en un órgano colegiado es normal en el proceso de maduración democrática. ¡No, señores! Aun si supusiéramos que es normal, ¡los homicidios en El Salvador también lo son, y no por ello dejan de ser despreciables!

Señores, hay un atentado de lesa patria, por eso no pretendo ser moderado en esta opinión. Ciudadanos, defendamos la continuidad de nuestra República.

La Sala de lo Constitucional ha usado la inaplicabilidad para contrarrestar el decreto 743. La inaplicabilidad es uno de los mecanismos que la ley suprema establece para salvaguardar la independencia judicial y a la larga, nuestra democracia. (La democracia es el sistema de gobierno donde más se valora la dignidad del ser humano y donde se le considera como principio y fin de la actividad del Estado. Esa es la razón por la que tanto se habla en bien de ella.)

La Constitución establece en su artículo 185 que dentro de la potestad de administrar justicia, corresponde a los tribunales, en los casos en los que tenga que pronunciar sentencia, declarar la inaplicabilidad de cualquier ley o disposición de los otros Órganos, contraria a los preceptos constitucionales.

La sala se valió de esta facultad para resolver con 4 votos y no con 5 como lo manda el decreto 743, en la admisión de dos procesos de inconstitucionalidad en contra la Ley de Presupuesto 2011, pero al notificarlo a la Asamblea Legislativa, esta dijo que ignoraba esa resolución. Eso es irrespetar la facultad constitucional de la sala para inaplicar normativas.

Luego, la sala también declaró inaplicable el perverso decreto 743 al sentenciar la inconstitucionalidad de ciertos artículos del Código Electoral que atentaban contra la igualdad, al permitir recursos electorales únicamente a partidos políticos y no a los individuos. Al mandar a publicar la sentencia en el Diario Oficial para que surtiera sus efectos, el director de la Imprenta Nacional se negó a hacerlo, sin contar con facultades jurídicas para ello.

Por supuesto, debe recordarse que el Diario Oficial depende del Órgano Ejecutivo, cuyo jefe es el presidente Mauricio Funes, quien ha participado activamente junto a los dirigentes de TODOS los partidos políticos, menos el CD, en el complot para negarle a los ciudadanos la Justicia Constitucional, a fin de preservar el poder y los beneficios de algunos pocos hombres en las cúpulas partidarias.

El príncipe tiene amigos./ Muy buenos amigos./ Incluso tiene un carro hermoso cortesía de amigos,/ y una mansión cortesía de amigos,/ y un jet, adivinen, también cortesía de amigos./ Por eso el hombre fuma tranquilo,/ y leyendo los Diarios en la mañana,/ piensa en lo hermoso que es ser príncipe de un pueblo dormido,/ de un pueblo post guerra./ Menos mal que los que entienden son pocos, dice,/ y pide su desayuno gourmet.../ ¡Genio, dame más deseos para pedir más amigos!/ De lo contrario, hazme príncipe de la República de El Salvador./ (Pero no me des primera dama.)

Ciudadanos, defiendan nuestra Constitución, la que tenemos. Sin justicia Constitucional, sus derechos no son más que una broma pesada. Eso es lo que están haciendo nuestros diputados y nuestro presidente.

Perdónenme el sentimiento.

*Colaboración para la Prensa Gráfica, edición 26 de junio de 2011. Miembro de ADESA

lunes, 20 de junio de 2011

El fin de los partidos políticos


Por: Lic. Carlos Alberto Guzmán*

La ciudadanía exige el fin de los partidos políticos, tal como los conocemos.

Podemos pensar en los partidos políticos como organizaciones políticas indispensables para la democracia, debido a su función de agrupación de intereses de la sociedad, participación en elecciones públicas y formación ideológica de los ciudadanos.

En El Salvador, los partidos políticos fueron claves en los Acuerdos de Paz y el inicio de la transición a la democracia. Canalizaron la búsqueda de los cargos públicos a través de elecciones, en vez de otros métodos como la violencia, que tanto dolor y muerte han causado.

Sin embargo, a lo largo de los años hemos observado la existencia de lacras dentro de los partidos políticos: demagogia, clientelismo, corrupción, y más cuestiones que deterioran su legitimidad frente los ciudadanos.

Entonces, ¿qué les pasó a los partidos políticos? Como han dicho otros, con el paso del tiempo sus cúpulas adquirieron demasiado poder, y sin mecanismos de control, se cumplió el refrán “en arca abierta, hasta el justo peca”. Sobran ejemplos de estos pecados, tales como el Decreto Legislativo n.º 743, las maltrechas reformas al sistema electoral, el tratamiento de la Corte de Cuentas, por mencionar los más recientes.

Durante mucho tiempo sufrimos estos abusos, pensamos que no era nuestro problema, que no podíamos actuar y guardamos silencio. Ahora, la insatisfacción se ha transformado en demanda ciudadana, y manifestado en novedosas maneras, por ejemplo los #IndignadoSV, una iniciativa espontánea de la ciudadanía para velar y hacer respetar la institucionalidad del Estado, por medio de la difusión de información sobre la realidad nacional, enfocada a la juventud.

Estos movimientos están apareciendo en varios países, inspirados en razones similares: la búsqueda de un mejor lugar para vivir. No son ni deben ser ONG o partidos políticos, sino más bien forman parte de un imaginario colectivo que expresa la memoria y el corazón de la sociedad, y manifiestan la capacidad de los ciudadanos de organizarse, encontrar puntos en común y defenderlos. Sus destinatarios principales son los funcionarios públicos, y la sociedad misma. Tal parece que, los ciudadanos hemos recordado que “por el ojo del amo engorda el ganado”, es decir, nuestra vigilancia es indispensable para una democracia fuerte.

Esta nueva conciencia ciudadana y labor de observancia debería ser retomada por los universitarios, quienes cuentan con energías, conocimientos e ilusión suficientes para superar las barreras ideológicas y retomar la libre discusión de ideas, con el objetivo de aportar al país.

Además, si pensamos en los partidos políticos como organizaciones dinámicas que nacen, cambian y mueren, estas nuevas energías ciudadanas deberían ser encauzadas a la transformación democrática de los existentes o al surgimiento de nuevas organizaciones. Aclarando que los mismos no son propiedad de sus cúpulas, sino de sus militantes, y en última instancia de los ciudadanos.

De esta forma exigimos el fin de los partidos políticos como los conocemos, que ejerzan su rol ideal como intermediarios de los ciudadanos con el Estado, pues su falta de legitimidad podría generar resultados inesperados en la democracia misma.

Si realmente te importa este país, protesta. ¡Defiende tus derechos, participa en los movimientos ciudadanos o universitarios, involúcrate en los partidos políticos y cámbialos!

*Colaboración para la Prensa Gráfica, edición 19 de junio de 2011. Presidente de ADESA