Ante los
últimos acontecimientos nacionales que se han originado a partir de las
declaratorias de inconstitucionalidad de la elección de Magistrados para la Corte Suprema de Justicia para
los períodos 2006 - 2015 y 2012 – 2021, la Asociación Salvadoreña Derecho y
Desarrollo (ADESA) realiza las siguientes consideraciones:
I. Que la
Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,
con fundamento en los Artículos 174, 183 y 247 de la Constitución de la
República, es el máximo y definitivo Tribunal de justicia facultado para la
interpretación última de la Norma Fundamental y que dicha potestad de
ninguna manera puede verse transgredida por ningún Órgano del Estado;
II. Que los fallos que declaran inconstitucional la elección
de Magistrados realizada en los años 2006 y 2012 y que ordenan a la actual Asamblea
Legislativa a elegir Magistrados son irrecurribles ante cualquier
instancia estatal o internacional y de obligatorio cumplimiento para la Asamblea Legislativa;
III. Que los hechos acontecidos el día 1 de julio de 2012,
relativos a la toma de posesión de los cargos de Magistrados cuyos
nombramientos son inconstitucionales, carecen de legitimidad jurídica;
IV. Que vemos con gran preocupación que la Asamblea Legislativa
se niegue a acatar sentencias que son de obligatorio cumplimiento y que existan ciertos sectores que por medio de la
fuerza persigan sus fines políticos;
V. Que reprobamos enérgicamente el Decreto
Legislativo número 43, con carácter de transitorio, aprobado con el voto favorable de algunos partidos
políticos dentro de la Asamblea Legislativa
y sancionado, promulgado y mandado a publicar por el Presidente de la República, el cual
constituye un ataque a la independencia judicial, realizado con los mismos
fines del Decreto Legislativo número 743 de junio del año pasado, con idéntica
premura y abuso de las disposiciones transitorias; y
VI. Que reconocemos que la Corte Suprema de
Justicia es presidida actualmente y hasta el 15 de julio de 2012, por el Dr.
Belarmino Jaime, y que esta se encuentra conformada por los Magistrados
elegidos por la Asamblea Legislativa en los años 2006 y 2009 y los Magistrados
suplentes convocados por acuerdo de Corte Plena y Sala de lo Constitucional, de
fecha 30 de junio de 2012, dado que la elección realizada en el presente año fue
declarada inconstitucional.
Por lo tanto,
EXHORTAMOS:
A la Asamblea Legislativa:
A que
reflexione sobre el daño que se está realizando a la seguridad jurídica y al
bienestar general del país, afectando seriamente al Estado de Derecho y a
nuestra democracia.
Por ello,
les pedimos a los diputados, respetuosa pero enfáticamente, que siguiendo el correspondiente
proceso de ley, cumplan con los fallos, eligiendo a los Magistrados que ordenan
las sentencias.
A la
ciudadanía en general:
Que en estos
momentos de crisis, de una manera pacífica pero firme, se una en la defensa del
Estado de Derecho y de la Sala
de lo Constitucional, que es la última garante de los Derechos Fundamentales de
todos los salvadoreños.
Comparto el comunicado, y desearía extenderlo al resto de la Comunidad Jurídica para su debate.
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