Comunicado sobre el proceso de elección del Fiscal General de la República

 

En relación con el proceso de elección del Fiscal General de la República que actualmente se encuentra como tema de discusión en la Asamblea Legislativa, la Asociación Salvadoreña Derecho y Desarrollo (ADESA) EXPRESA:

I. Que tal como hemos sostenido en anteriores ocasiones, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en los Artículos 174, 183 y 247 de la Constitución de la República, es el único y máximo tribunal de justicia facultado para la interpretación última de nuestra Norma Fundamental y dicha potestad  de ninguna manera puede verse transgredida por ningún otro Órgano del Estado ni tampoco por las personas que integran dichos Órganos;

II. Que dicha Sala, el día 9 de julio de 2012, mediante la sentencia con número de referencia 29-2012, declaró inconstitucional la elección del Fiscal General de la República realizada por segunda ocasión por la legislatura 2009-2012, razón por la cual es a la actual Asamblea Legislativa en ejercicio para el periodo 2012-2015 a la que le corresponde y quien se encuentra obligada a ejercer su facultad constitucional establecida en el Artículo 131 ordinal 19º de proceder a elegir a dicho Funcionario, tomando en consideración que para dicha elección deben observarse requisitos de moralidad y competencia notorias exigidos por la Constitución en sus Artículos 192 y 177;

III. Que en relación con la mesa de diálogo instalada por la Asamblea Legislativa para alcanzar un acuerdo previo a la elección formal del Fiscal General de la República, este Órgano del Estado tiene la obligación de elegir al candidato más idóneo obedeciendo a criterios técnicos y objetivos, entre los que se encuentran sus méritos académicos y profesionales que le permitan ejercer dicho cargo con apego a la Constitución de la República y libre de injerencias mezquinas, dejando de lado cualquier tipo de interés de índole partidaria o personal; y

IV. Que el cargo de Fiscal General de la República es una pieza fundamental para la consolidación del Estado de Derecho y, por ende, es un elemento clave para el desarrollo económico y social de El Salvador, pues siendo el responsable de defender los intereses del Estado y de la sociedad, entre otras funciones de alta importancia establecidas en el Artículo 193 de la Constitución, de su correcto desempeño depende mucho la consecución de la seguridad jurídica, la cual no se potencia a través de Decretos sino alentando el correcto funcionamiento de las Instituciones que integran el Estado.

POR TANTO:

EXHORTAMOS a la Asamblea Legislativa para que en el ejercicio de sus facultades Constitucionales anteponga el interés general de la patria frente a cualquier otro y proceda a elegir prontamente al nuevo Fiscal General de la República para el periodo 2012-2015; y

EXIGIMOS que el abogado que sea electo como Fiscal General de la República detente los méritos académicos y profesionales que garanticen el buen desempeño de sus funciones, pero sobre todo, que dicho funcionario responda a su conciencia, buena fe y leal saber entender y no a exigencias provenientes de negociaciones oscuras o clientelismo político.

San Salvador, 26 de Septiembre de 2012