Robándose los temas de portada y la atención mediática por una serie de días, con un protagonismo raras veces visto anteriormente, se encuentran los partidos minoritarios PCN y PDC debido a la reciente sentencia de la Sala de lo Constitucional que los condenaba a la recolección de firmas, si querían permanecer en panorama político, debido a la declaración de inconstitucionalidad del decreto que en 2005 les permitió la reincorporación a nuestro sistema de partidos.
La sentencia se ha visto cuestionada y analizada por los actores políticos y medios de comunicación: muchos afirman que los derechos adquiridos de estos “partidos con vocación democrática”, deberían resistir cualquier argumento de legalidad que pudiera levantarse frente a su resurrección en el 2005. El secretario general del Partido de Conciliación Nacional, citaba incluso la antigüedad de su instituto político para restar importancia de algún modo a la sentencia que en tantos aprietos deja a su partido, cosa que parecería argumentar que la antigüedad o la experiencia, pesan al punto de legitimar ilegalidades.
Más allá de las posiciones que pueda generar la sentencia, lo innegable es que poco puede hacerse al respecto ahora, excepto darle cumplimiento. Y sin embargo, la resolución ha traído consigo conspiraciones y negociaciones a puerta cerrada en que, usando como moneda de cambio las magistraturas de la Corte de Cuentas u otros favores legislativos, se analiza entre el resto de partidos, dar un salvataje al PDC y PCN esquivando el estricto cumplimiento de la sentencia.
La mayor responsabilidad recae en ARENA: la manera en la que actúen permitirá definir si tienen un verdadero compromiso con la institucionalidad y los principios de un Estado de Derecho o, demostrará su apego al poder y a la conveniencia política. ARENA justifica cualquier negociación para mantener a los partidos vivos en que el riesgo de su desaparición sería fortalecer a GANA, el grupo legislativo con la representatividad electoral más cuestionable y de reprochables prácticas políticas. Se enfrentan pues, a la dicotomía entre lo conveniente y lo correcto. Sin embargo, con una visión de largo plazo, en ésta situación es posible hacer lo correcto dando seguimiento a la sentencia, sin sacrificar lo conveniente: aprovechando la oportunidad para fortalecer la democracia fomentando la recolección de firmas para el resurgimiento de nuevos partidos en el marco de la limpia y libre competencia que debe existir en el mercado electoral.
El apego a la institucionalidad y a las normas de un Estado de Derecho no puede depender de la conveniencia política. Tampoco es correcto afirmar que la sentencia “ha colocado a los dos partidos (PCN y PDC) a la sombra del chantaje”, a merced de lo que pidan los partidos que pueden darles los votos para pasar cualquier tipo de estratagema que les permita la permanencia en el sistema. La decisión de dejarse chantajear dependerá de su apego a principios: lejos de ser víctimas, en ésta situación tienen el control. Pueden usar la coyuntura para volverse relevantes y renovar su mensaje político, aprovechando la visibilidad que les dará la recolección de firmas. Servirán también las presentes circunstancias para sondear la demanda que existe en el mercado electoral para su oferta de propuestas políticas.
La esperanza para la institucionalidad está en que las caras nuevas al interior de éstos partidos no sucumban ante el actuar de la política tradicional; en que se transforme éste obstáculo en una oportunidad para el fortalecimiento democrático, y no en una nueva ventana a la corrupción y negociaciones turbias que, a espaldas del electorado, se dan entre nuestros representantes.
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