Por: Lic. Karla Fratti de Vega*
Hemos escuchado en más de una ocasión la locución “tema de país”, como una manera de resaltar que el asunto que se va a abordar es de trascendencia nacional, o incluso como una “sombrilla” o cobertura para amparar al interlocutor en una postura apolítica o, al menos, ajena a intereses propios. Más allá del uso –o en ocasiones abuso del término– al analizar la postergada concesión del puerto de La Unión aparecen todos los elementos para categorizar el asunto como un tema que interesa y afecta al país de manera general.
Como es sabido, las acciones tendientes a consolidar el funcionamiento del puerto quedaron estancadas en el año 2009, al truncarse la aprobación de un proyecto de ley que contenía las condiciones para la concesión bajo la modalidad de explotación conjunta por el Estado y un operador internacional. Hoy día se cuenta con un nuevo proyecto de decreto, ya en manos de la Asamblea Legislativa, en el que se adopta el llamado modelo landlord, bajo el cual el Estado mantiene la propiedad de los activos (infraestructura, incluyendo tierra y accesos) pero entrega la operación, vía concesión, a un operador privado para que desarrolle el negocio, a fin de consolidar al país como Centro de Distribución y Logística para Centroamérica.
Con este esfuerzo se pretende concretizar el inicio de operaciones y funcionamiento del puerto, con facilidades especializadas para el manejo de contenedores, posicionando a El Salvador como un importante operador portuario de la región e insertándonos de manera competitiva en el flujo internacional de comercio e inversión.
Analizando el tema al margen de posturas ideológicas o intereses sectoriales, es innegable que contamos con una ventaja de ubicación geográfica estratégica, con los activos, una infraestructura portuaria moderna y un proyecto de decreto legislativo que permitiría iniciar el proceso de selección del contratista para poner en marcha las operaciones: es impostergable dar el siguiente paso.
Más allá de la típica premisa de Stephen Covey, la concreción de este proyecto representaría un ganar-ganar-ganar desde la siguiente perspectiva tripartita de beneficios: ganaría la economía del país, con la creación de un polo de desarrollo sostenible, que permitiría su dinamización; ganaría la población, con la generación de importantes oportunidades de empleo y mejora de las condiciones de vida de los habitantes de las zonas; ganaría el Estado, posicionándose como generador de inversión, consolidando su rol de facilitador, regulador y supervisor de las actividades marítimo portuarias, logrando un incremento de ingresos y afrontando los compromisos financieros adquiridos para la construcción.
El tema no puede dilatarse, ya que se ha vencido el periodo de gracia del préstamo contraído con Japón.
Naturalmente, el éxito del proyecto pasa por la correcta selección de un operador de clase mundial, que cuente con conocimientos, solidez financiera, recursos y experiencia técnica en el manejo y administración de puertos. Todo ello requiere de un transparente y bien estructurado proceso de selección del contratista, coordinación entre las entidades gubernamentales involucradas, un correcto establecimiento de una tarifa competitiva, entre otros factores.
Pero es necesario consolidar el primer paso con la aprobación del decreto que se encuentra en manos de la Asamblea Legislativa. Creo firmemente que su pronta aprobación sí constituye, más allá de lo trillado o sensible del término, un tema de país.
*Colaboración para la Prensa Gráfica, edición 10 de julio de 2011.
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