Por: Lic. Oscar A. Pineda*
He escuchado algún comentario disperso diciendo que el hecho de que dos poderes del Estado se confabulen para decretar la anulación de la justicia constitucional mediante la exigencia de unanimidad para resolver un caso en un órgano colegiado es normal en el proceso de maduración democrática. ¡No, señores! Aun si supusiéramos que es normal, ¡los homicidios en El Salvador también lo son, y no por ello dejan de ser despreciables!
Señores, hay un atentado de lesa patria, por eso no pretendo ser moderado en esta opinión. Ciudadanos, defendamos la continuidad de nuestra República.
La Sala de lo Constitucional ha usado la inaplicabilidad para contrarrestar el decreto 743. La inaplicabilidad es uno de los mecanismos que la ley suprema establece para salvaguardar la independencia judicial y a la larga, nuestra democracia. (La democracia es el sistema de gobierno donde más se valora la dignidad del ser humano y donde se le considera como principio y fin de la actividad del Estado. Esa es la razón por la que tanto se habla en bien de ella.)
La Constitución establece en su artículo 185 que dentro de la potestad de administrar justicia, corresponde a los tribunales, en los casos en los que tenga que pronunciar sentencia, declarar la inaplicabilidad de cualquier ley o disposición de los otros Órganos, contraria a los preceptos constitucionales.
La sala se valió de esta facultad para resolver con 4 votos y no con 5 como lo manda el decreto 743, en la admisión de dos procesos de inconstitucionalidad en contra la Ley de Presupuesto 2011, pero al notificarlo a la Asamblea Legislativa, esta dijo que ignoraba esa resolución. Eso es irrespetar la facultad constitucional de la sala para inaplicar normativas.
Luego, la sala también declaró inaplicable el perverso decreto 743 al sentenciar la inconstitucionalidad de ciertos artículos del Código Electoral que atentaban contra la igualdad, al permitir recursos electorales únicamente a partidos políticos y no a los individuos. Al mandar a publicar la sentencia en el Diario Oficial para que surtiera sus efectos, el director de la Imprenta Nacional se negó a hacerlo, sin contar con facultades jurídicas para ello.
Por supuesto, debe recordarse que el Diario Oficial depende del Órgano Ejecutivo, cuyo jefe es el presidente Mauricio Funes, quien ha participado activamente junto a los dirigentes de TODOS los partidos políticos, menos el CD, en el complot para negarle a los ciudadanos la Justicia Constitucional, a fin de preservar el poder y los beneficios de algunos pocos hombres en las cúpulas partidarias.
El príncipe tiene amigos./ Muy buenos amigos./ Incluso tiene un carro hermoso cortesía de amigos,/ y una mansión cortesía de amigos,/ y un jet, adivinen, también cortesía de amigos./ Por eso el hombre fuma tranquilo,/ y leyendo los Diarios en la mañana,/ piensa en lo hermoso que es ser príncipe de un pueblo dormido,/ de un pueblo post guerra./ Menos mal que los que entienden son pocos, dice,/ y pide su desayuno gourmet.../ ¡Genio, dame más deseos para pedir más amigos!/ De lo contrario, hazme príncipe de la República de El Salvador./ (Pero no me des primera dama.)
Ciudadanos, defiendan nuestra Constitución, la que tenemos. Sin justicia Constitucional, sus derechos no son más que una broma pesada. Eso es lo que están haciendo nuestros diputados y nuestro presidente.
Perdónenme el sentimiento.
*Colaboración para la Prensa Gráfica, edición 26 de junio de 2011. Miembro de ADESA
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