Por Lic. Carlos Alberto Guzmán*
El 27 de julio, la Asamblea Legislativa derogó el decreto número 743 y restableció la normativa a su estado anterior al 2 de junio; entonces, ¿volverán las cosas a ser como antes?
Un poco de historia: el jueves 2 de junio, mediante una modificación de la agenda de sesión y con la dispensa de trámites, la Asamblea Legislativa aprobó el decreto 743, estableciendo que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia debía resolver por unanimidad los procesos de inconstitucionalidad. Pocas horas después, el presidente de la República sancionó ese decreto y lo remitió al Diario Oficial para su publicación en la edición del mismo día, la cual había sido reservada de antemano, según se ha sabido.
Ante la evidente intención de anular las facultades que la Constitución otorga a la Sala de lo Constitucional, muchos ciudadanos se manifestaron frente a Casa Presidencial el viernes 3 de junio y surgió el movimiento “Indignados SV”. De igual manera, varias organizaciones de la sociedad civil (universidades, abogados, empresarios, entre otras) unieron esfuerzos para exigir la derogatoria del decreto e incluso la relatora especial de la ONU señaló violaciones a la independencia judicial. En los días siguientes continuaron las protestas contra esta maniobra que atentaba contra la democracia.
El 8 de junio, ARENA se retractó de sus votos; pero el resto de partidos continuaron defendiendo esta reforma e incluso organizaron manifestaciones públicas, como la del FMLN, realizada el 7 de julio frente a las oficinas de la Corte Suprema de Justicia. Además, el 16 de junio, la Asamblea Legislativa se negó a recibir las resoluciones de la Sala, y el 23 de junio, el director de la Imprenta Nacional se negó a publicar las resoluciones de la Sala, en seguimiento de órdenes del Presidente de la República. Posteriormente, el 6 de julio, el presidente de la República propuso unas reformas a la Ley de Procedimientos Constitucionales, que incluye la derogación del decreto 743, pero nuevas modificaciones que atentan contra la independencia judicial. Al final, el miércoles 27 de julio, la Asamblea Legislativa aprobó la derogatoria del decreto y restableció la normativa a su estado anterior al 2 de junio, únicamente falta la sanción del presidente de la República y la publicación en el Diario Oficial, la cual todos los ciudadanos esperábamos que fuera tan efectiva como el pasado 2 de junio, y aunque no fue así, esperamos sea cuanto antes. Entonces, ¿las cosas volverán a ser como antes? No, no será igual. Si bien esta no es la primera vez que observamos un error político de esta magnitud, y tampoco es la primera vez que las encuestas muestran la decepción de los ciudadanos ante los partidos políticos, en esta ocasión los acontecimientos permitieron que los salvadoreños tuviéramos un despertar: redescubrimos que somos capaces de unirnos en un solo esfuerzo, sin importar la ideología, edad, profesión, género o religión, como ejemplo el twitterazo contra Funes.
Estos dos meses fueron un curso intenso de ciudadanía, independencia judicial y de la Constitución para los salvadoreños. El mayor acierto ciudadano es reconocer que no dependemos de un político salvador, sino de los ciudadanos, que debemos exigir y construir un mejor El Salvador.
*Presidente de ADESA. Publicado en La Prensa Gráfica, edición 31 de julio de 2011.
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