Por Lic. Carlos R. Sánchez*
Hablar de libertad económica siempre resulta un tema espinoso en un país como el nuestro, en el que las temáticas tienden a observarse e incluso a analizarse desde un punto de vista más ideológico que pragmático. Podemos observar dos tendencias dominantes en nuestro país, una que promulga la ampliación del Estado y otra que procura su reducción.
Para abordar de manera clara el tema, se hace necesario tener en mente que dentro de las políticas económicas y sociales de Estado pueden existir dos tipos a ser aplicadas, a saber, aquellas implementadas por razones de eficiencia y aquellas implantadas por razones de equidad. Se hace evidente que en países con un alto grado de asimetría entre amplios sectores de la población como en el nuestro se hace necesaria la intervención del Estado en miras a garantizar un nivel mínimo de calidad de vida y de oportunidades a los más afectados con la asimetría antes mencionada.
Es evidente que el mercado asigna los recursos de manera eficiente, pero es también claro que esta asignación puede llevar a situaciones que no generan beneficios a ciertos sectores, los cuales deben ser protegidos. Si bien es cierto que el Estado debe mantenerse al margen de la mayoría de las actividades económicas de los particulares, como regla general, es importante tener en cuenta que hay un área en la que de no intervenir este, el mercado puede llevar a situaciones que acrecienten la inequidad existente.
Para hablar de un caso concreto, el transporte público, de ser liberalizado de manera total, probablemente generaría un precio determinado en el que el servicio sería más eficiente, pero dicho precio sería prohibitivo para la mayoría de las personas que utilizan dichos medios. Es por esto que el Estado concesiona dicho servicio, regulando su precio, o lo presta directamente. En esta misma idea, nadie duda que los subsidios o los impuestos generen considerables costos sociales, pero nadie puede negar que en muchos casos son herramientas para disminuir inequidades que existirían de manera natural, sin la intervención estatal.
Al final, los sistemas económicos deben responder a las necesidades sociales, y las teorías, por muy sólidas que sean, deben ser evaluadas bajo el lente de realidad social dominante en un entorno y del elemento humano involucrado. Teoría sustentada por la praxis.
Lo anterior no implica desvirtuar las bondades del libre mercado, sino simplemente propugnar por una visión más integral y menos dogmática en la elaboración teórica de las políticas públicas. Negar la necesidad del apoyo estatal en ciertas actividades, y no solo en las más básicas que afirma la teoría económica clásica, es señal de una miopía severa e indicador de una desconexión casi total del contexto social preponderante en nuestros países. Las severas crisis económicas generadas por el gasto público no son consecuencia de las políticas de equidad implementadas en las naciones afectadas, sino de la irresponsabilidad en este gasto, que no está implícita necesariamente en la ejecución de dichas políticas. La discusión ya no debería estar centrada en el binomio Estado grande-Estado pequeño, sino más bien en la detección de aquellos fundamentos que llevados a la práctica pueden generar verdadero desarrollo humano y a partir de aquí definir el papel y tamaño de nuestra organización social primaria.
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