Por Lic. Carlos A. Guzmán*
El divorcio de la
sociedad civil y el sector político se volvió evidente en los niveles de
abstencionismo registrados en las elecciones del 12 de marzo, ya que el 50% de
los ciudadanos aptos para ejercer el voto decidió no hacerlo. Esta situación denota
una clase política distanciada de la población, en parte debido a las promesas
incumplidas y a la falta de creatividad para solucionar los problemas que
aquejan a la ciudadanía.
Para nadie es un
secreto que la inseguridad ciudadana es el principal problema de la sociedad,
esto aparece reflejado en cualquier encuesta de opinión, estudio o indicador
internacional de El Salvador. Ante esto, las propuestas legislativas 2012-2015
de los principales partidos políticos incluían: “leyes para prohibir la
portación de armas de fuego en manos de civiles”, “política de Estado con entes
públicos despolitizados”, entre otras. Sin embargo, existe el riesgo que la
atención gubernamental se limite a solventar eventos aislados o a realizar
acciones de publicidad.
¿Aún recuerda que el
20 de junio de 2010 fueron incendiados muchos pasajeros de un microbús? o ¿recuerda
el 11 de marzo de 2010, cuando el joven Carlos Francisco Garay falleció a manos
de otro joven, y que casualmente fue fotografiado? Y así se podrían relatar cada
una de las extorsiones que padecen muchos ciudadanos o los 10 homicidios
diarios que entristecen el corazón del pueblo salvadoreño. Sin embargo, a pesar
de las buenas intenciones y dedicadas actuaciones de algunos funcionarios
públicos, el presupuesto de seguridad es la misma cantidad que se dedica a los
subsidios (mal focalizados), persiste la falta de voluntad de algunos políticos,
la escasa coordinación de las instituciones públicas al combatir el delito, las
interpretaciones jurídicas incongruentes y más.
Este país donde
tenemos nuestros hogares queridos, fértiles campiñas y ríos majestuosos, es el
mismo que posee una “epidemia de homicidios” desde hace más de una década, al
presentar una tasa de más de 40 homicidios por cada 100,000 habitantes durante
la última década, y alcanzado el punto máximo durante 2009. En esta tierra
donde ondulan doradas espigas y chisporrotean los yunques, muchos hogares viven
día a día un luto permanente y permanentemente temerosos del mañana.
No podemos dejar
este problema en manos del Gobierno porque tiene escasos recursos y carecen de
los incentivos para actuar; por tanto, debemos crear los mecanismos ciudadanos
que aseguren la atención del Estado sobre este problema. En ese sentido, son
señales positivas los numerosos estudios elaborados por organismos nacionales e
internacionales, así como las iniciativas académicas, por ejemplo el programa
de políticas públicas de la ESEN.
Sin embargo, es
preciso que la sociedad civil asuma este problema como propio y actúe en
consecuencia. Al final, el principal problema no es la inseguridad ciudadana
misma, sino la ausencia de soluciones de los funcionarios públicos y peor aún,
la falta de interés de la sociedad, porque si los ciudadanos no exigen, el
Estado no cumple.
Aún hay tiempo para
“decirnos y decirles que aún creemos que es posible que la nación vuelva a
renacer y salir de sus ruinas; para demostrarles a los señores de la muerte que
estamos de pie y que no cejaremos de defender la vida de todos los hijos de
este país” (Javier Sicilia). La inseguridad es un problema de todos, y debemos
actuar antes que perdamos el país en donde vivimos.
* Presidente de ADESA 2011-2012. Publicado en La Prensa Gráfica, edición 18 de marzo de 2012.
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