Por Lic. Oscar A. Pineda*
Desde la ilegal e incivilizada práctica de la pinta y pega, hasta los decentes cartelitos colgados, el país entero se ha llenado con propaganda electoral. Allí unos partidos anuncian a sus candidatos a diputados, y otros, divulgan su impersonal bandera. Los primeros (los que tienen rostro) hacen propuestas propias de un candidato presidencial, como si contaran con facultades legales para ejecutarlas; y los segundos, los que no presentan personas, de ellos solo puede suponerse que actuarán conforme a una ideología (la cual se contradice con la realidad y práctica de muchos de los candidatos que se esconden detrás de la bandera).
Si por un lado tenemos aspirantes a legisladores que ofrecen lo que la Constitución no les permite hacer, y por otro tenemos unos que ni siquiera anuncian sus iniciativas, la conclusión que se configura es que en general (porque siempre hay honrosas excepciones) habrá dos clases de diputados: los que promoverán iniciativas de ley inviables jurídica, fática y económicamente, y los que simplemente levantarán la mano a petición de la arbitraria cúpula de su partido.
Con este panorama, considero razonable comentar, a grandes rasgos, las funciones de la Asamblea Legislativa, que es alrededor de lo cual debiera girar la campaña de los candidatos, comprometiéndose a poner toda su voluntad y a articularla con el resto de diputados para cumplir mejor con esas atribuciones del órgano que integran.
La Constitución enumera 37 facultades de la Asamblea Legislativa, además de otras que puedan estar dispersas en su texto. Simplificando bastante, la Asamblea Legislativa sirve para realizar cuatro funciones: dictar leyes sobre casi cualquier materia, nombrar funcionarios, controlar a otros órganos del Estado y decidir sus aspectos administrativos.
Sobre la función de crear las leyes, las propuestas deberían estructurarse en dos vertientes: en el proceso de formación de ley, comprometiéndose a no apoyar proyectos legislativos que no tengan previamente un estudio económico y financiero que establezca si los beneficios de esa regulación son mayores a los costos que implica y determine de dónde provendrían los fondos para implementarla. En cuanto a las materias a las que se referirían las nuevas leyes, debieran identificar una agenda que corresponda a la ideología que pregona, alejándose de las propuestas populistas.
En cuanto al nombramiento de funcionarios, los candidatos debieran comprometerse a nombrar a las personas más idóneas para el cargo de que se trate, aun cuando no compartan su ideología y además, luchar porque las designaciones se hagan a tiempo.
En relación con su papel en el sistema de frenos y contrapesos, debieran comprometerse a respetar la separación de poderes, a no delegar atribuciones como ha sucedido al dar al Órgano Ejecutivo la posibilidad de hacer transferencias presupuestarias entre ramos y a no aprobar la mala gestión de un ministro, aun cuando fuera del gobierno del partido al que pertenece el diputado.
En cuanto a los aspectos administrativos, podrían ofrecer la justificación pública del presupuesto de la Asamblea antes de aprobarlo, publicitar los empleados de cada fracción legislativa y difundir el historial del voto individual de cada diputado para que los ciudadanos sepan si está apoyando o no los temas por los que se comprometió a luchar. Me gustaría votar por un candidato así. Luego me gustaría que cumplieran honestamente con esos compromisos.
* Miembro de ADESA. Publicado en La Prensa Gráfica, edición 12 de febrero de 2012. Correo electrónico: oscar.pinedarivas@hotmail.com
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